1)     INTRODUCCIÓN

A menudo vemos intervenciones públicas, es decir distintas actividades que materializan “el ocuparse” de las situaciones problemáticas consideradas de interés público, propiciados e impulsados por los decisores estatales de turno. Entendemos que la intervención pública tiene por objeto el abordaje de una necesidad, que de alguna manera hace mella en la agenda de los gobernantes. Ese “ocuparse” de la cuestión conlleva el uso de recursos del Estado basado en el modelo legal-racional, los que se ponen en marcha por medio de proyectos y programas que cristalizan las políticas públicas. Estas políticas deben entenderse como las acciones de gobierno, o sea la acción de éste como forma de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, tal como señala Chandler y Plano (1988: 107), se pueden entender –entonces- como “de uso estratégico de recursos para aliviar problemas”. Estos recursos deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, con la pretensión de maximizar el impacto de las políticas públicas de cara al problema enfrentado, de allí que cobra importancia atender las causas, el diseño, los efectos o pretensión de solución esperada. Aquí, en éste marco, la evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante contribución para lograr esto. Sin dudas que se puede afirmar que la evaluación no solo analiza si alguna intervención pública fue o no efectiva, sino que además proporciona información para determinar si es la alternativa adecuada y si existen elementos para prever que se lograrán los objetivos fijados. En otras palabras, la evaluación es una estrategia que proporciona herramientas para la toma de decisiones en la gestión.

Ocurre que en la práctica cotidiana aparecen tensiones en el ciclo de las políticas públicas, vale decir tensiones entre cada instancia de la cuestión socialmente problematizada y la propia intervención respecto de la evaluación de éstas, tal vez porque evaluar implica explorar de manera científica, rigurosa y sistemática el

cumplimiento de los objetivos –desde el diseño hasta los resultados esperados-. Aquí vale una ilustración, porque pareciera que se trata de un “diablo o como un monstruo” (Mokate, 2003: 6) quien está pensado en devorar a la organización que lleva adelante un programa o proyecto, por lo que dicha metáfora podría explicar tantas resistencias y objeciones.

Cómo lograr establecer un vínculo o una relación entre las políticas públicas y la evaluación parece ser un reto que hay que aceptar. Cobra importancia, en este contexto, la idea de sostener una cultura de la evaluación, propiciando espacios de acuerdos y creencias que asignen significados valorativos a la evaluación.

Este trabajo reflexiona sobre la tensión existente entre las organizaciones públicas y la evaluación en el marco de una puja por profundizar una cultura de la evaluación en Argentina, realizando una revisión bibliográfica sobre este tema, de tal forma que permita un recorrido que describa la evolución del tema seleccionado.

La hipótesis estriba en considerar que la cultura de la evaluación dispone hábitos que permite optimizar las intervenciones estatales, promueve la mejora en la toma de decisiones políticas, transparenta y maximiza la gestión en la Administración Pública nacional provincial y local. Entonces, tomar como norte la intención de describir la relación existente entre políticas públicas y evaluación en Argentina, en un contexto de avance en lo que se considera cultura de la evaluación, tomando como línea de análisis temporal de 1990 a la fecha.

El Estado asume un rol protagónico en la gestión de las políticas públicas, desde el origen de éstas hasta lograr el objetivo o los objetivos buscados, por lo que consecuentemente va institucionalizado –de a poco y con resistencias aún- las prácticas de evaluación de sus mismas políticas, ampliando cada vez más el haz de oportunidades en el uso de ésta herramienta.

Es claro que los actores al interior de las organizaciones estatales -en algunos y casos y en diversas medidas- pueden argumentar reparos en contra, invocando la innecesaridad o la incomodidad de las prácticas por lo que se torna muy interesante revisar la necesariedad de una cultura de la evaluación.

2)    DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS POLÍTICAS PÚBLICAS, EVALUACIÓN Y CULTURA DE LA EVALUACIÓN

Políticas Públicas ¿qué son?

Sin dudas que las políticas públicas son un factor clave para promover, mantener o retrechar las transformaciones sociales. En función de ello es menester poner en evidencia un concepto que ilustre de plano el término políticas públicas. Eugenio Lahera

P. sostiene que política y políticas públicas son “entidades diferentes” (2004: 7), entendiendo a la primera como un amplio concepto en el que tiene lugar el cómo manejar los asuntos públicos y allí tienen importancia “las luchas de poder” (Kauffer, 2009: 2), entran en juego allí las elecciones, las instituciones gubernamentales y parlamentarias. Poner en evidencia esto nos remite a la búsqueda de la expresión más ajustada del significado de éstas características. Encontramos así en el idioma inglés el vocablo politics que arroja claridad al respecto. Sobre esto Herrera Guido afirma que ésta palabra inglesa designa “el arte, doctrina u opinión sobre el gobierno de los Estados: el arte de gobernar a los pueblos, conservar el orden y hasta las buenas costumbres, el modo de conducir el asunto” (Herrera Guido 2016, polity, politics, policy y gobernanza, párrafo 1). Ahora bien, el concepto políticas públicas sustenta -también- un esquema racional que deviene de otro término inglés: policy ligado más a la acción pública, al pragmatismo. Este pragmatismo es en el que se inscriben las políticas públicas de lleno.

Entonces, el término en español a secas “política” conforma un espacio donde confluyen tanto las politics como la policy porque aparecen en escena varios actores que no pueden desentenderse de su rol o su protagonismo, y en ese contexto podemos entender lo que afirma Lahera P. cuando responde “porque la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer o bloquear políticas públicas” (2004: 7), exhibiendo así el doble juego yuxtapuesto de las politcs y la policy.

Bien, se ha dejado clarificado que hay una frontera no rígida entre política y políticas públicas, será cuestión de avanzar en el intento de encontrar una definición que cristalice -de manera acabada- el concepto de políticas públicas, muy útil a los fines de éste trabajo. Propongo recuperar una definición enunciada por Andre Roth en la que expresa que “existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático” (Roth, 2007: 27). Por otro lado, Santiago Arroyave Alzate concurre en la misma dirección al definir las políticas públicas como “un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad, implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas” (2010: 96). Vemos que en ambas definiciones se plantea una situación no deseada o necesidad versus otra esperable o reparada, inmersas en un proceso de cambio o mejora, esa transición tiene momentos que son necesarios considerar a los efectos de comprender la transformación de una situación a otra.

Luego de la pretensión de encontrar una claridad conceptual de la cual partir para dinamizar el derrotero de éste trabajo, conviene dejar en claro que las políticas públicas son y se desarrollan en un ciclo –a los fines de su análisis-, que no es otra cosa que una cadena de puntos notables de un proceso racional de toma de decisiones, veamos esto de manera sucinta, para Leticia Delgado Godoy (2009: 5) los principales fases (puntos notables, o eslabones) del ciclo de las políticas públicas son las siguientes: 1) la identificación y definición de problemas; 2) la formulación de políticas; 3) la adopción de la decisión; 4) la implantación –operativa de las políticas– ; 5) la evaluación. Y esto es un ciclo porque el replanteamiento de cualquiera de las fases afecta a las otras a raíz de la interdependencia entre ellas, representa un proceso complejo y cambiante, que ayuda a visibilizar la importancia que tiene de contrastar de manera sistemática y en el mismo plano, el “ser” con el “deber ser”, la teoría con la práctica, lo que hay con lo que se pretende y que, de no atender su naturaleza cíclica para su mejoramiento en beneficio de la sociedad, está condenado a ser un fracaso de consecución lineal. Notemos:

Gráfico 1

La fase 5: evaluación, no es un simple paso estático que se encuentra allí, muy por el contrario, tal como señala Ballart (1993: 200) la evaluación en el sector gubernamental puede abarcar todas las esferas del ciclo de la política o programa, pues el concepto de evaluación ha evolucionado al punto de abarcar todas las etapas de una política pública, porque en cada eslabón del ciclo proporciona información para determinar si la decisión adoptada es la alternativa más adecuada y si existen elementos que abonen el logro de los objetivos propuestos previamente.

La evaluación, concepto, utilidades y enfoques.

Como ha quedado claro, la evaluación es un eslabón del proceso, pero acorde a lo que suele suponerse ¿Es realmente una actividad que solo es ubicable al final del ciclo?

Evaluar, según el Manual de Base para la Evaluación de Políticas Públicas (2016) del Ministerio de Modernización argentino,

“Es una actividad programada que emite juicios valorativos, fundamentados y comunicables, sobre la planificación, la implementación y/o los resultados de las intervenciones públicas (políticas, programas y/o proyectos), sustentados en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información y en comparaciones respecto de parámetros establecidos, para contribuir a la mejora de los procesos de gestión y legitimar social y técnicamente las políticas, con el fin de impactar en la calidad de vida de la población a través del fortalecimiento de las capacidades de intervención del Estado”.

Una definición más breve, pero no menos clara, refiere que “la evaluación es la emisión de juicios valorativos fundados sobre evidencia empírica acerca de la marcha de las políticas públicas a fin de mejorarlas” (Neirotti, 2015: 13), y admite con ello que no puede haber mejora si no hay uso del conocimiento por parte de quienes deciden en materia de intervenciones públicas.

Como vemos, la evaluación es una herramienta de política pública que contribuye en la transformación de las situaciones, que reconoce las causas y efectos, focaliza la población objetivo o el área de enfoque e identifica el impacto de las intervenciones. Tradicionalmente el concepto de evaluación ha estado delimitado solo a identificar resultados de una acción o conjunto de acciones, de alguna manera hacía énfasis en medir la eficacia. Sin embargo, como indica Ballart (1993: 200) la evaluación en el sector gubernamental “puede abarcar todas las esferas del ciclo de las políticas públicas”. En consonancia con esto, el documento del Sistema de Evaluación del Desempeño de México (2019) afirma que “el concepto de evaluación ha evolucionado paulatinamente para abarcar todas las etapas de una política o programa público”.

¿Cuáles son las utilidades o contribuciones de la evaluación? A esta altura resulta clarificador la propuesta de Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya (2013: 225) quienes dan cuenta que la evaluación es

“una práctica integral de construcción, análisis y comunicación de la información útil para mejorar aspectos de la definición e implementación de las políticas y programas públicos; la evaluación es un proceso de aprendizaje que incluye reflexión crítica sobre aciertos y errores cometidos y la consecuente modificación de los cursos de acción.”

Sin temor al yerro la evaluación se puede analizar en distintas aristas, como aportes de mucho valor tanto al decisor público como a la ciudadanía en general, veamos el cuadro:

Cuadro 1

Finalmente, la evaluación puede ser considerada desde distintos enfoques, dependiendo del uso que se haga de ella. En este plano se podría considerar la evaluación como una función del Estado, interesado en la probidad y eficacia de los recursos públicos; como disciplina científica virtud de ser una práctica que requiere de procesos y metodologías que evolucionan de manera constante para mostrar con rigor y criterio científico la medición o valoración obtenida de la labor.

Merece un párrafo diferenciado la emergencia de lo que algunos autores infieren, como un paradigma en evaluación, pues

“… es necesario pensar un nuevo estilo de trabajo que se apropie de la evaluación a partir de la comunicación y negociación con los actores sociales, la capacidad didáctica y la creación de un espacio de aprendizaje, la redefinición del sentido de la participación en el proceso y el uso de los resultados orientados al cambio institucional”

(Neirotti y Pereyra, 2017: 4).

Esa capacidad didáctica tiene su correlato con un perfil pedagógico de la evaluación pues nos abre un espacio para aprender en el proceso y luego corregir en el feedback que se verifica en la evaluación. Convenientemente la evaluación busca ser una posibilidad de optimizar las políticas públicas. Yves Cannac (1993) señala que en la actualidad una condición indispensable del criterio de eficacia administrativa es una evaluación seria de los resultados esperados y constatados

3) Evaluación y Subjetividades

“La evaluación nació el séptimo día de la Creación, cuando Dios miró todo lo que había creado y declaró ´Es bueno´. Con esa sola frase, Dios se convirtió en el primer evaluador del mundo” (Mokate, 2003: 6), así comienza Karen Marie Mokate reflexionando sobre la tarea evaluativa, otorgando -ilustrativamente- un contexto metafórico de éstas prácticas en la Administración Pública. Pero no solo la romantiza de esa manera, sino que ésta autora en el mismo texto añade:

“No parece exagerado plantear que la evaluación ha sido percibida en los sectores sociales como diablo o como ´monstruo´ – un deber gigantesco impuesto a gestores y ejecutores sin que ellos sientan ningún amor por el proceso ni perciban utilidad alguna para sus procesos gerenciales o decisorios.”

(Mokate, 2003: 6)

De ésta manera la autora exhibe las actitudes renuentes aun a la hora de evaluar programas o proyectos de intervención en la Administración Pública actual. Aquí se hace patente uno de los factores que fundamentan el argumento de aquellos actores que presiden organismos o instituciones públicas, y ponen sobre el tapete la mirada temerosa de esos funcionarios al momento de pensar en la evaluación como parte de la gestión.

La percepción negativa y el poco conocimiento de ésta herramientas (y sin dudas de otras) se traducen, en definitiva, en escollos que alimentan diversas justificaciones tales como la pérdida de tiempo, la innecesaridad de éstas valoraciones que no aportan datos o información o en su defecto en la creencia que la práctica evaluativa trae solamente un control exhaustivo, acusador y sin aportes al devenir de la gestión. Esto es una frecuente postura u oposición a la evaluación y menoscaba la idea de necesidad de una cultura de la evaluación, tan necesaria para fortalecer la Administración Pública, la eficacia, la eficiencia y la transparencia.

Estas subjetividades relegan el discurso y el fomento de la práctica de las evaluaciones de políticas públicas en Argentina, con razón en el libro Mapa Diagnóstico de la Evaluación en Argentina se sostiene que

“la evaluación no ocupa todavía un lugar preponderante, ni siquiera en la agenda de los ámbitos dedicados a la promoción y el estudio de las mejoras, fortalecimiento e innovación estatal. Este dato nos lleva a pensar que las experiencias de evaluación no son todavía frecuentes a nivel nacional o que fueron poco difundidas o socializadas”,.

(Aquilino y Amaya, 2016: 225)

Eh aquí el problema, la evaluación no resulta ser una aliada sino todo lo contrario: un contratiempo, algo nocivo que tiene por objeto romper las rutinas organizacionales y acosar a los gerentes públicos. Respecto de esto Roth (2004: 27) argumenta que la evaluación “debería ser considerada por el poder político como un aporte en el proceso de decisión y no como un contrapoder que busca entorpecer la acción”.

Resulta necesario un párrafo que resalte la diferencia entre la evaluación y la auditoría ¹ cuya confusión despierta miedo muy a menudo, sin embargo la primera posee muchísimas características que la hacen superadora respecto de la segunda. Mientras que la auditoría atiende con énfasis aspectos puntuales, tales como las finanzas públicas o el control de la legalidad, etcétera, la evaluación remite a un interés mucho más abarcativo, pues que mide el impacto de las políticas públicas en la vida de las personas, usando una metodología propia de las investigaciones de las Ciencias

Sociales y de las Ciencias duras (Yañez y Yañez, 2012), con espacios participativos para la sociedad civil desde la planificación hasta la etapa ejecutiva, mientras que la auditoría emerge generalmente con elementos propias de la contabilidad y de las normas técnico legales, para Ballart (1992: 4) “el control administrativo no cuestiona la oportunidad de una política o programa, en cuanto conjunto de recursos aplicados a la consecución de objetivos externos, sino que únicamente verifica que los recursos previstos hayan sido bien aplicados y que las normas existentes hayan sido respetadas”.

Claro que ambas practicas no son antagónicas ni nos llevan un punto en la gestión que obligue la toma de una decisión entre una o la otra, pues pueden convivir complementariamente.

Definitivamente debe haber un cambio de perspectivas, la evaluación tiene el desafío de proporcionar evidencia de qué funciona, dónde, para quién y bajo qué circunstancias en un entramado de políticas públicas, programas y/o proyectos de intervención estatal.

La evolución de la Evaluación.

En las últimas décadas hay una ingente motivación por la evaluación, dan cuenta de ello una diversa literatura que describe el derrotero de los Estados intentando asumir de manera sistemática ésta práctica para la gestión. De hecho hoy, en los tiempos que corren, los países que lograron asumir y valorar su utilidad, cuentan con ámbitos institucionalizados de evaluación, con metodología dinámica y en constante evolución.

La Administración Pública como área disciplinar de la Ciencias Sociales “se ha visto favorecida por el auge de teorías a partir de los años sesenta” (Bouzas Lorenzo, 2005: 70). En ese contexto favorable la evaluación de políticas públicas y programas ha comenzado a afirmarse en áreas gubernamentales, principalmente en Europa y en Estados Unidos.

En la década de los setenta, las corrientes ideológicas en boga comenzaron a perfilar Estados más reducidos, y esto tiene sentido en el contexto analítico que ofrece Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya (2013: 114), pues aducen que “el consiguiente recorte a

los fondos disponibles para la evaluación y la reducción de los planteles profesionales de la Administración Pública llevaron a una disminución en el interés por la disciplina y el repliegue teórico en la producción de estudios de evaluación”.

La década de los ochenta no resultó ser un escenario distinto a la década anterior en términos de evaluación, pero los años noventa tuvieron un matiz distinto, porque el interés por la Evaluación cobró fuerza y a mediados de la década salieron a luz técnicas novedosas que reflotaron el interés por la práctica.

Latinoamérica fue escenario de ideas principales, que gozaron de una impronta renovadora y atrayente, Ariel Zalstman admite que “en la década del ’90, tanto el sector público argentino como el de otros países de América Latina fueron testigos de la adopción de un conjunto de iniciativas tendientes a incorporar la evaluación de resultados como práctica sistemática” (Zalstman, 2004: 1).

Notemos en este recorrido (realizado a vuelo de pájaro) como la evaluación ha ido pasando por distintos estadios hasta encontrar finalmente su institucionalización – quizás a regañadientes-, pues posiblemente los funcionarios de turno vieron en la práctica un Estado con la espada de Damocles apuntando sus cabezas, en un halo confuso, invocando la injustica del control o el estrés de las auditorías, empero resultaban cosas muy alejadas de la realidad, pero que resultó una constante en algunas áreas del Estado por muchos años. Siendo empáticos con esta descripción, podríamos suponer que lo que frecuentemente desvela a quienes toman decisiones e implementan acciones públicas es saber si lo que hacen a través de las políticas tiene el efecto esperado, si se logra la meta o se actuó favorablemente sobre el problema que motivó su intervención. Y esta inquietud lleva de manera directa a la consideración sobre la perfectibilidad de cualquier iniciativa, bueno allí la temida evaluación puede ser muy útil.

La Evaluación en Argentina, el estado de la cuestión.

Es cierto que en el ámbito político se han dado distintos debates y se ha inaugurado (hace ya algunos años) una importante actividad académico-científica del que parten

interesantes aportes al proceso de consolidación de las prácticas evaluativas en América Latina y en Argentina en particular. Al respecto Osvaldo Feinstein soslaya la idea de la agilidad de éstas prácticas estatales, sostiene que “la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina ha ido avanzando paulatinamente a finales del siglo XX y se ha acelerado en el siglo XXI” (2012: 1). En nuestro país este tema comienza a adquirir cada vez más robustez y se discute y plantea como un aspecto necesario a considerar e implementar en los distintos niveles de gobierno. Con base a ello, en el plano nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros creó en el año 2013 el Programa de Evaluación de Políticas Públicas que apunta a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del estado en materia de evaluación. Con este programa se propuso contribuir a institucionalizar la evaluación en la Administración Pública y potenciar las capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas y los resultados en la gestión de los asuntos públicos. En este marco, la Jefatura brindó apoyos para el diseño e implementación de evaluaciones, gracias a los cuales algunos ministerios llevan adelante sistemas y enfoques que garantizan el monitoreo y la evaluación de sus planes y programas. Sin embargo, una mirada integral que evalúe el desempeño global del plan de gobierno, está aún pendiente en Argentina. En el año 2015, se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. Este proyecto, con una clara vocación por la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, busca la creación de un organismo descentralizado, que funcionando en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, posea autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. En ese contexto, dos instrumentos legales (de impacto directo en las prácticas de monitoreo y evaluación) fueron sancionados, estas son la Ley de Acceso a la Información Pública n° 27275 y la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso n° 27343. Finalmente en Abril de 2018 sale a la luz el Decreto 292 del Poder Ejecutivo Nacional que establece qué Órgano elabora y ejecuta el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales propuestos por (otro Órgano estatal) el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Como dato relevante el presidente de la República, Dr. Alberto Fernández, en el discurso inaugural anual de la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo del año 2021, anunció la creación de la Agencia Nacional de Evaluación.²

A nivel provincial se visualiza un escenario un tanto distinto -y más que distinto-, diríamos, diverso. Allí el panorama es heterogéneo en términos de capacidades, marcos legales y culturas de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Algunas provincias efectivamente han avanzado en la formulación de planes estratégicos de gobierno (con plazos propuestos de mediano y largo plazo), lo que constituye una buena base para tornar viable la evaluación de los resultados de las políticas públicas. Tal ha sido el caso de provincias como Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, San Luis y Santa Fe, y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones. Otras provincias, en cambio, “han logrado desarrollar capacidades en gestión para resultados” ³ (Belmonte, Marino y Pereyra, 2016: 5), en muchos casos con apoyo de los organismos internacionales, Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos, según lo corrobora el documento ¿Y si evaluamos las políticas públicas? Claves para entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de Mendoza (2016). A su vez, existen casos (Santa Fe por ejemplo) “donde se han desarrollado sistemas de monitoreo y evaluación de calidad para planes o programas puntuales, especialmente en el área social” (Belmonte et. Al 2016). Finalmente, otras jurisdicciones están avanzando en la evaluación del desempeño de sus funcionarios políticos fijando objetivos y metas de impacto y gestión.

La evaluación en la Agenda 2030.

Para Michael Quinn Patton, “la evaluación es una profesión global, dinámica y en evolución” (2017: 5), cuando alude a esta práctica respecto al dinamismo global en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible lo hace desde la importancia de la misma para lograr las metas. Los líderes mundiales coincidieron en 17 objetivos

de desarrollo sostenibles (ODS) propuestos en el año 2015 con alcance hasta el año 2030, con un singular lema que reza “que nadie se quede atrás”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó la importancia de la evaluación en la transformadora Agenda 2030. Argentina no se sustrae de éstos propósitos, muy por el contrario, nuestro país se encuentra plenamente comprometido –desde diciembre de 2016- con la implementación de la Agenda en los tres niveles de gobierno. Frente a esto, el Estado consideró necesario disponer de información confiable para avanzar con la concreción municipal, provincial o nacional de los ODS, lo que resulta sumamente útil para este menester el acceso a una información oportuna y accesible. Esta información, al servicio del desarrollo, deben ser las directrices para la construcción de indicadores e índices que midan en una línea de base el desarrollo de aquellos puntos que resultan de interés. Allí cobra capital importancia el monitoreo y la evaluación en el impacto de los proyectos y programas, y así rendir cuentas sobre los avances en el logro de objetivos y metas, y para alimentar la formulación de políticas basadas, cada vez más, en evidencia empírica. Al respecto Perla Carolina Gris- Lagorreta afirma:

“El principal reto identificado alude a la importancia de que la evaluación constituya un instrumento para la rendición de cuentas que retroalimente de manera continua el proceso de políticas públicas y que éste no quede únicamente como un ejercicio informativo que no se traduzca en acciones concretas de mejora de la acción pública”

(Gris-Lagorreta, 2012: 205).

Como se ha argumentado, Argentina tiene un incipiente interés por ahondar en estrategias que tengan que ver con éstas actividades, por ello es necesario consolidar aún más la labor evaluativa en Argentina, avanzar en cuanto a disponibilidad y calidad de información para la valoración del desarrollo sostenible, con datos masivos y abiertos, y la aplicación de métodos experimentales para diseñar y evaluar políticas públicas. Sin dudas que la evaluación proporciona información útil y no un control acusador al decisor público, pues el fin último es o debería ser la mejora. En consonancia con esto, el objetivo o fin está fijado en los estándares de calidad de la gestión pública a través del seguimiento y evaluación está contemplado en los

programas que componen el Plan de Modernización del Estado (Argentino), aunque el desarrollo de los mismos es incipiente y poco se ha avanzado aún sobre las áreas sociales (Neirotti, 2012). Por carácter recíproco, el desafío estriba en el diseño de nuevas formas de provisión de políticas sociales que encajen con los ODS y que sean viables a la hora de alcanzar de manera diferenciada a todos los sectores de la población.

Entonces, el campo de la evaluación en Argentina de cara al año 2030 se encuentra atravesado por las demandas internacionales de la Agenda 2030, las interpretaciones locales de ellas y por el modelo de Estado (y en consecuencia de evaluación de las políticas públicas) que la gestión nacional impulsa. Por lo que es necesario innovar, generar nuevos esquemas de intervención social acorde, que permitan abordar la compleja Agenda del Desarrollo Sostenible. Para ello se requiere necesariamente de datos y evaluaciones.

4) CONSIDERACIONES FINALES

La Evaluación no es auditoria ni un método de control financiera o de cumplimiento operacional exclusivamente. La evaluación permite valorar el desempeño de toda intervención pública, y ésta valoración sistemática transparenta la gestión porque es un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento que mejorará la gestión y el desarrollo, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información.

¹ Hoy, entre las diversas definiciones de la auditoría, el concepto más generalizado parece ser el de Alvin y Loebbecke, quienes la consideran como un proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos.

² Este anuncio tiene lugar mientras se elabora este trabajo académico.

³ La Gestión para Resultados (GpR) es un paradigma de la cultura organizacional, que dirige y gestiona poniendo énfasis en los resultados y no en los procedimientos aplicados para logrados.(Secretaria de Hacienda de México, 2018)

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