Este interrogante nos invita a pensar sobre cuáles son los requerimientos para considerarse un profesional de la Seguridad Ciudadana. Este término implica estudiar todas las modalidades de la seguridad que surgen de la norma (o no necesariamente) por la creación de otras no previstas en la ley, en el marco de un posgrado universitario o de una especialización. Sin embargo, la puesta en práctica hace al saber, y en este camino se necesita contar con basamentos teóricos y prácticos. Con respecto a estos últimos, agregaría la importancia de tener no cualquier experiencia profesional (o sea, como se dice en el habla popular, “zapatero a su zapato”). Necesitamos nutrirnos de buenas prácticas en la gestión de la seguridad, lo cual no es imposible de realizar. Desde hace un largo tiempo en nuestro país, este tema no solo genera un debate académico, sino también de alcance práctico, porque necesitamos profesionales para no caer en la arbitrariedad en sus actuaciones.
Tudela (2010) manifiesta: “Las intervenciones en seguridad deben ser realizadas por personas especializadas y entrenadas. Las buenas intenciones sin capacitación son solo buenas intenciones con riesgos de malas derivaciones o sugerencias incompletas”.
La seguridad como tema de relevancia en la ciudadanía condiciona en forma directa a los gobiernos locales como los primeros para dar respuesta.
Dávila Felipe Luis, en su obra Conceptos y enfoques de seguridad, remarca que la mayoría de los conceptos sobre seguridad tienden a ubicar su práctica y su discurso (jurídico-político) en el terreno de la preservación del statu quo, del “sistema” o del orden social. Entiende la seguridad como medio, y no como fin (Tudela, 2010; Bautista, 2009).
Mas allá de las conceptualizaciones, los especialistas suponen, sobre los profesionales de la seguridad ciudadana, que es obligación de ellos estar dotados de conocimientos del tema en particular. Es la intensificación del estudio y ejercicio de la rama en concreto lo que nos conduciría a la eficiencia y a la eficacia en la labor. Si no se demuestran destrezas y una ejercitación intensa para dominar a fondo una materia integrativa sobre las ramas de la abogacía de la antropología y de la sociología, la gestión de la seguridad puede ser conducida a grandes riesgos pocos óptimos para la ciudadanía en general.
El concepto de la profesión
Reflexionar sobre el terreno interseccional entre Seguridad Ciudadana y profesión amerita adentrarnos, en primer lugar, en este segundo concepto (profesión), adosado indiscutiblemente al desarrollo de las sociedades.
Pero ¿cuál es el límite entre ocupación y profesión en el marco de una actividad? Algunos autores han abordado concienzudamente esta (aún) difusa franja, con espacio suficiente para repensar algunas afirmaciones al respecto y encontrar un sustento teórico para saber qué es una profesión y qué no es.
La etimología tiene mucho que aportar. La palabra “profesión” proviene de “professio”, en la que se halla implícita el prefijo “pro” (‘a favor, delante’), “fateri” (‘confesar’ o ‘admitir’) y “-ōnis” (‘acción y efecto de profesar’). Fernández Pérez (2001) encuentra, en este término, por lo menos dos acepciones. Una tiene que ver con ejercer un saber o una habilidad, y la otra, creer o confesar una creencia. En este último punto, hay coincidencia con Gómez y con Tenti Fanfani (1989).
Sin embargo, el concepto ha ido adaptándose a la par de los cambios que las sociedades han atravesado en el tiempo. La industrialización y la división del trabajo, por ejemplo, contribuyeron no solo a los modos de organización social, sino que propiciaron con esto la aparición de tareas específicas especializadas (Barrón, Rojas y Sandoval, 1996).
Ya para los primeros años del siglo XX, se reconoce, en la profesionalización, la implicancia de operaciones intelectuales basadas en la ciencia, considerando necesario, para ello, instrucción. Esta arista es interesante, por cierto, porque revive la idea de una acción altruista en el ejercicio de un saber especializado.
Esta evolución grosso modo que se pretende encontrar aquí se enfoca en la profesión (a diferencia de la ocupación de una actividad), que adquiere estatus cuando la formación es controlada. Además, se establecen reglas entre los formados, cuyos miembros aceptan la ética 1 del servicio como elemento distintivo de la profesión.
Curiosamente, en la década del setenta, se llegó a la conclusión de que, en el terreno de las profesiones, en contrapartida con la actividad de los aficionados de algunas actividades, sus profesionales, definitivamente, están dedicados a tiempo completo, y de que, pese al sentido altruista de la profesión, es una digna fuente de ingresos para quienes la ejercen (Schein, 1970).
Posteriormente, las transformaciones sociales que acompañan los últimos años del siglo XX, tomando el trabajo de Cleaves (1985) como punto de partida, diremos que una profesión requiere conocimiento especializado, capacitación de alto nivel, control sobre el contenido del ejercicio profesional, una organización propia (autorregulación), altruismo, y contundentes normas de ética.
El contexto actual, tecnológico, dinámico y globalizado impele a la profesión nuevos modelos de organización profesional y nuevas profesiones, acorde a exigencias sociales cada vez más cambiantes. Esta dinámica demanda incorporar actualización continua, no solo de la profesión en sí, sino de los individuos que la ejercen, capaces de dialogar con las nuevas tecnologías, las políticas locales, nacionales y regionales, la demanda del consumo. y todo requerimiento urgente de las sociedades en las que son ejercidas las profesiones.
La Seguridad Ciudadana como profesión
En los tiempos que corren, parece sencillo admitir que todos podemos desplegar una formidable retórica de la seguridad. Sin embargo, entender los fenómenos de la inseguridad ciudadana, identificar sus causas y consecuencias requiere una formación y un entrenamiento agudo. Por ejemplo, para diagnosticar el problema delictivo, es necesario identificar y comprender sus características, cuantificar costos sociales, determinar sus variables causales y, sobre todo (si es necesario), explicarlas para luego proponer una batería de estrategias para abordar esa situación socialmente problematizada.
Evidentemente, lo anterior comienza con la definición de un delito en particular y percibido como un problema público 2 . En este punto, se requiere la participación de profesionales, sí, individuos formados como abogados, segurólogos, criminólogos o sociólogos, y también especialistas en políticas públicas, como politólogos o administradores públicos. Estos perfiles profesionales son idóneos, en tanto que su campo de conocimiento se relaciona con las teorías, enfoques, conceptos, métodos y técnicas necesarios para la formación conceptual de un delito y su tratamiento desde el enfoque de las políticas públicas.
Para realizar un ejercicio inicial (como lo es identificar las características de una problemática de seguridad, por mínima que sea), se requieren personas con conocimiento técnico y metodológico, que a posteriori podrán diseñar e implementar proyectos de prevención. Esto implica el dominio de metodologías cualitativas (como la etnografía o como la fenomenología) y el conocimiento de técnicas como la observación participante, las marchas exploratorias, los grupos de enfoque, y contar, además, con conocimiento de metodologías específicas para la prevención integral como la Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental (CPTED por sus siglas en inglés) o diseñar y llevar a cabo las encuestas de victimización. Por otro lado, la cuantificación de los costos sociales de delito, que puede tratar de determinar a cuántas personas afecta actualmente el problema y a cuántas afectará dentro de cinco, diez o veinte años si no se atiende adecuadamente, es una labor para profesionales que dominen un software especializado en comportamiento econométrico como “R”, mientras que la identificación de las causas del delito y su explicación implica la formulación de hipótesis. Estas pueden ser causales, bivariadas o multivariadas, y la correlación de estas, tareas destinadas para los licenciados en Seguridad Ciudadana y para investigadores en Ciencias Sociales, con perfiles cuantitativos sólidos que dominen estadística inferencial y puedan manipular software como SPSS o STATA, entre otros. En este punto podemos agregar al personal policial, con una buena oratoria, es decir, que cuenten con un lenguaje claro y preciso. Actualmente podemos observar a funcionarios policiales de alto rango en la institución, dar notas periodísticas con una alocución escueta, obsoleta para los tiempos que vivimos.
En otras palabras, la prevención de la violencia y de la delincuencia es mucho más que solo instalar cámaras, recuperar espacios públicos, policiamiento, etcétera; es un proceso especializado en términos teóricos, metodológicos y técnicos de intervención focalizada para modificar una situación que es desfavorable para un sector determinado de la población. Los licenciados en Seguridad Ciudadana son profesionales formados en el abordaje adecuado de estos fenómenos, pues poseen los saberes científicos necesarios para diseñar alternativas sólidas de contención, disminución y, fundamentalmente, de prevención integral a través de la implementación de múltiples enfoques de seguridad ciudadana.
Esto no quiere decir que la prevención integral sea un campo de acción exclusivo para expertos académicos, consultores o funcionarios públicos en materia de seguridad ciudadana o de seguridad pública, sino todo lo contrario: es un instrumento para todos aquellos interesados en la construcción colectiva de la seguridad, sin importar su formación o espacio laboral; sin embargo, obtener resultados tangibles y favorables requiere seriedad y responsabilidad. Últimamente, podemos observar, en puestos clave de los organismos del estado encargados de gestionar seguridad, a personas con muy poco (o nada) de formación para tal fin. La seguridad ciudadana, en tanto una disciplina de reciente surgimiento, enfrenta distintas dificultades, como lo son el poco reconocimiento de la comunidad y las frecuentes confusiones con el trabajo policial. Además, entre los mismos policías se observan dificultades para entender el objetivo de la disciplina y los campos de aplicación, lo que puede provocar problemas de identidad profesional.
1 La urgencia de la situación y la atención social serán claves para ubicar el fenómeno entre los asuntos que demanden celeridad de un gobierno (tema de agenda de gobierno) o, por el contrario, no será de interés del decisor público si la presión social es mínima o insignificante.
2 La urgencia de la situación y la atención social serán claves para ubicar el fenómeno entre los asuntos que demanden celeridad de un gobierno (tema de agenda de gobierno) o, por el contrario, no será de interés del decisor público si la presión social es mínima o insignificante.
Bibliografía
- Bautista, F. (2009). “Reforma policial para la seguridad ciudadana con justicia, equidad y derechos humanos”. Revista IIDH, (50), 311-348. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25552.pdf
- Barrón, C., Rojas, I. y Sandoval, R. (1996). “Tendencias en la formación profesional universitaria en educación: Apuntes para su conceptuación”. Perfiles Educativos, 18 (71), págs. 65-74.
- Cleaves, P. (1985). Las profesiones y el Estado: El caso de México. México: El Colegio de México.
- Dávila, F. (2014). “Conceptos y enfoques de seguridad”. Hhps://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40562.pdf
- Fernández Pérez, J. (2001). “Elementos que consolidan el concepto de profesión. Notas para su reflexión”. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 3(2). En https://redie.uabc.mx/redie/article/view/40
- Gómez, V. M. y Tenti Fanfani, E. (1989). Universidad y profesiones. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Schein, E. (1970). Organizational psychology. Prentice-Hall