Una sucinta aproximación desde la teoría

Este trabajo final se tornará en un ejercicio previo de lectura, reflexión y escritura que se alineará con las mas fuertes intenciones de sumar insumos a la labor de tesis de doctorado, cuya proximidad es inevitable a esta altura.

Si bien, un abordaje de mínima como este, requiere -por lo menos- un paseo por el “terreno” donde ocurren aquellos fenómenos que ameritan, con previa reflexión, una descripción formidable, con la altura y la vehemencia que un curso de este nivel de posgrado lo amerita, sin embargo, esta labor académica carecerá de la metodología ad hoc para afirmar por cuenta propia algunos conceptos, sino que será -mas bien- un vuelo rasante sobre los temas a la luz de una parte de la bibliografía obligatoria (y sugerida) de este seminario.

Dicho lo anterior, no sería descabellado asumir, de buenas a primeras, que cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado. Diferentes expertos están poniendo de manifiesto que las redes criminales, no se dedican exclusivamente (como podríamos suponer) a actividades ilegales económicas sino, además, están ejerciendo tareas correspondientes a los estados. En el contexto latinoamericano, en “sus” territorios proporcionan seguridad, imparten justicia y realizan funciones de asistencia social, actividades que suelen asumirse que son inseparables de la organización estatal. Dejemos en claro que no todas las redes sociales ejercen gobernanza criminal. Es preciso un contexto determinado que haga viable esta posibilidad, basada fundamentalmente en la complicidad del estado y en el reconocimiento legítimo de estos agentes/actores, por parte de la sociedad. Cuando se cuenta con la complicidad y reconocimiento de uno y otro, puede darse la gobernanza criminal. Para muchos estudiosos de esta temática, el punto de mayor interés de esta no tiene connotaciones ni ideológicas, ni políticas, no se persigue un orden político o económico alternativo, entonces ¿Qué? La motivación preponderante en este entramado -dicen algunos- sigue siendo económica, pero dada la forma en que la gobernanza criminal se desarrolla proporciona -como consecuencia- la posibilidad de aumentar exponencialmente el poder criminal y la proyección y alcance de los negocios espurios pero sustanciosos.

Bajo el análisis de estos espacios ordenados y gestionados por el crimen organizado, desde los análisis de gobernanza criminal1, es posible conocer la complejidad de este actor no estatal e ilegal que asume tareas propiamente estatales en muchos distritos latinoamericanos. Esta complejidad define (así de complejo, valga la redundancia) el concepto de gobernanza criminal, que en términos de Desmond (2006) podemos afirmar que se refiere al conjunto de acciones y decisiones tomadas de forma conjunta entre autoridades legalmente instituidas y una organización criminal que ejerce un amplio dominio sobre un territorio y una fuerte influencia sobre la sociedad local.

Es aquí donde resulta interesante observar las tensiones y complicadas interacciones con la sociedad y el Estado, para establecer patrones de control, comportamiento y reglas de juego en los espacios que controlan, y a raíz de ello será una opción interesante contrastar parte de la teoría exhibida en los textos aportados por el seminario Estado, política, sociedad y mercado.

Grosso modo, sostenemos que desde la década de 1980 las organizaciones estatales de América Latina implementaron cambios institucionales orientados a la descentralización y a la redistribución territorial del poder político. Estas reformas transfirieron a los gobiernos subnacionales nuevos recursos y funciones, en ese contexto se yerguen nuevos actores se materia de seguridad, como los gobiernos locales y con estos, otros sujetos difusos pero presentes.

Estado, política, sociedad y gobernanza criminal

Sin animo de caer en el terreno de la mera descripción, solo afirmaré que en América Latina grupos criminales ejercen funciones y presiones sobre otros actores, algunos ejemplos de una larguísima lista son: el Cartel de Sinaloa, el Comando Vermelho, Primer Comando de la Capital, Cartel Soles, los Monos en Santa Fe, nuevas agrupaciones post FARC, etcétera. Estos grupos dinamizan sus reglas mediante prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado (como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves contra la vida y la integridad personal), han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar, no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también, la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos (poblaciones rurales, barrios y sectores urbanos, poblaciones indígenas).

¿Por qué las organizaciones criminales buscan ejercer esa gobernanza? ¿Cuál es la razón por la que los actores criminales existen y subsisten en ciertos espacios territoriales?

a) Sobre gobernanza criminal desde la visión neoclásica

Las organizaciones criminales han sabido encontrar un espacio clave en las sociedades latinoamericanas, así lo expresan a viva voz los altos niveles de violencias que detenta la región, pero también los cada vez más altos índices de aceptación o legitimidad con los que parecen contar los criminales en algunos sitios. Esta situación no es un fenómeno extraño o paradojal, el esquema Estado –gobierno- sociedad no es un evento natural, sino una construcción humana en el ocurren conflictos de preferencias, es una constante puja entre facciones (Schmitter y Karl, 1992). Una concepción teórica sobre ese poder señala que en la sociedad moderna el ejercicio y los recursos de poder se distribuyen entre varias facciones (legales e ilegales), quienes toman decisiones parciales y en ámbitos específicos

de influencia. Uno de los expositores de esta corriente de corte pluralista, es el politólogo norteamericano Robert Dahl, para quien lo que existe en la actualidad son formas de poliarquía2 que, como grupos, compiten por los espacios de poder en el marco de la democracia moderna. Entonces es el poder el botín mas preciado entre los intervinientes en tensión.

Desde una perspectiva neoclásica, y en concordancia con Acuña (1997) cada uno de los agentes individuales en pugna tienen preferencias y estas son racionales porque guían su comportamiento en la eficiencia de la producción y distribución de los recursos que les resulta de interés. Aquellos individuos que asumieron roles preponderantes en la organización criminal, en línea con esto, buscan maximizar su utilidad y en sus emprendimientos ilegales tratan de maximizar los beneficios. Este sería uno de los coeficientes explicativos de una ecuación que buscan responder los cuestionamientos que describen la forma de la gobernanza criminal.

Sin embargo, existen (otras) múltiples variables con menos centralidad por las cuales se pueden dar mayor claridad sobre la relación Estado, sociedad y grupos criminales, y operando desde el poder como núcleo y añadiendo otras variables explicativas se formula la siguiente hipótesis: La relación entre grupos criminales regionales y extraregionales en zonas señaladas (por el gobierno) como conflictivas, con las comunidades se configura de una manera costo-beneficio. Las poblaciones al ver el abandono por parte del Estado se someten al régimen criminal, legitiman su intromisión en el territorio de las comunidades para la realización de sus actividades ilegales a cambio de seguridad y estabilidad, los gobiernos criminales crean reglas de juego que delimite las dinámicas sociales y comerciales dentro de los territorios en aras de aumentar sus pretensiones de poder y de ganancias (ilícitas).

Al respecto, resulta interesante observar lo que ocurre en la frontera colombo- ecuatoriana, con poblaciones indígenas (de las etnias Awa, Kamsá, Kofán, Quillasinga y

Siona) en cuyos territorios las nuevas dinámicas del crimen organizado transnacional posterior a las FARC influyen en la creación de gobernanzas criminales, e identificar los factores principales que explican la suplantación del Estado en el control territorial por parte de las organizaciones criminales en esta región. Este trabajo no permitirá profundizar puntos clave, pero nos servirán los conceptos de Mancur Olson para repensar algunos puntos de manera sucinta, por ejemplo, la noción de acción colectiva (Olson, 1998) para este contexto, esto se da cuando una actividad o fenómeno es realizado por un conjunto de individuos no necesariamente organizados que comparten un interés, objetivo o necesidad. La lógica de la acción colectiva desea explicar qué motiva que estos grupos se activen. Bajo el paragua neoclásico, cada individuo es libre de escoger si participar o no en la acción colectiva y el resultado de esta es no excluyente. Por ejemplo3, en la comunidad Awa, su actividad primaria es el cultivo de coca, desde el año 2000 el pueblo Awa se ubica en las cordilleras nariñenses (en Colombia), esta práctica -con la anuencia de grupo de control paraestatal- ha permitido a cientos de jefes de hogares de familias indígenas solventar necesidades básicas como lo es la alimentación de los niños, donde, en términos comparativos, su estado nutricional es mucho mejor que los de las familias que no acuerdan con actores clave de los grupo de presión criminal (Álvarez Durán, 2021). En muchos de los casos, los titulares de familias habían optado de manera unívoca y voluntaria al régimen imperante, pues los incentivos eran tentadores, otros en cambio, se tornaron free rider de la situación4. De cualquier modo, este factor fortalece o añade fortaleza a la gobernanza criminal.

A juicio propio, diremos que un factor que fortalece esta visión es -sin dudas- la teoría olsoniana de la acción colectiva, que logra echar luz sobre los procesos que tienen lugar en las poblaciones indígenas (de ejemplo aportado en este trabajo) y describe como se reproducen en el mismo proceso aquella acción colectiva. Argumentos a favor ponen en relevancia justificaciones que dan cuenta de una mejor capacidad de negociación, punto clave de la acción colectiva, a esto añadimos, además, posibilidades de movilización colectiva lo que redundará, a corto o mediano plazo, en mayor presión. Por el contrario, las argumentaciones que colisionan con la propensión a lograr objetivos comunes, consideradas como debilidades de la acción colectiva pueden ser, la falta de recursos materiales o económicos (la falta de información puede ser otro recurso escaso), la falta de liderazgo para coordinar y dirigir situaciones convenientes y por último, la falta de unidad en torno a un objetivo o meta común.

b) Un abordaje desde el neoinstitucionalismo

En el enfoque anterior, podría discutirse aun -en consonancia con la visión de Theda Skocpol- si los análisis de los fenómenos que se dan para con la gobernanza criminal se hacen centrados en la sociedad en detrimento del Estado (Skocpol, 2007) o no, de esta forma, el análisis realizado por la socióloga estadounidense demuestra que las autonomías racionales del Estado (bajo una lógica de inflexión intelectual) se ubican en los procesos que van desde la tradición marxistas hasta las contingencias más liberales, debido a que permite que se geste una serie de manifestaciones que se localizan en crisis políticas, facciones o grupos de interés y luego en nueva organización de Estado, ya en este caso como cambios más no como resultados – estructurales que generen una nueva organización político- administrativa.

Amen de ello, el neoinstitucionalismo recogerá el guante neoclásico y avanzará sobre la capacidad de reflexión y la intencionalidad racional del actor en tanto se encuentre influenciado por las instituciones, es decir, describirá una racionalidad limitada por el contrapeso que implica -en la dinámica de cambio- las instituciones.

No se debe perder de vista que al interior del neoinstitucionalismo se incluyen diferentes variantes y proposiciones que combinan una microeconomía diferenciada (basada en los

costos de transacción), y en una economía pública, así como una particular interpretación histórica.

Para North (1990) las instituciones son las reglas de juego, las normas, los códigos y las costumbres que estructuran y determinan la actividad de los individuos; es decir, rigen la economía y definen los incentivos -en el plano de la interacción económica, política y social-, se componen de restricciones informales (desde el aspecto cultural pasando por las costumbres y tradiciones) y limitaciones formales (regulaciones normativas explícitas). El Estado colombiano (o ecuatoriano) encarna, para este caso, la definición institucional de North. Por otro lado, es notable, además, el reconocimiento de la funcionalidad en la sociedad, que es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (no necesariamente eficiente) de la interacción humana. La propuesta neoinstitucionalista va desde ideas generales respecto a las interrelaciones humanas, instituciones y la naturaleza progresiva de los procesos económicos, a ideas y teorías específicas, relativas a instituciones económicas o tipos de economía.

Avanzando en la reflexión de la gobernanza criminal a la luz del neoinstitucionalismo, no perderemos de vista que las instituciones son construcciones humanas creadas con base a interacciones y son las que soportan los elementos y factores para la creación de las leyes (eso explica lo que en clase afirmaba el docente, que la política es un factor exógeno) y el sistema normativo y no al contrario; por eso su metodología se basa en la comparación constante, teniendo como objeto privilegiado de estudio a los gobiernos, partidos, sistemas de partidos, parlamentos e incluso de los aparatos burocrático-administrativos que le dan concreción a la gran diversidad de los Estados y las organizaciones humanas modernas; bajo este enfoque es más importante observar cómo funcionan las estructuras y describir esos hechos y no analizar cómo se dieron los procesos en el que fueron diseñadas desde la formalidad de las leyes para ver si corresponden (o no) con el espíritu del deber ser.

Por otra parte, la percibida decadencia institucional de la democracia, en una época y región donde la incertidumbre, la inseguridad y la violencia crecen; contingencias que son en extremo perjudiciales para la estabilidad de aquel sistema al que pertenecen y de esas comunidades.

El neoinstitucionalismo y la gobernanza guardan una estrecha relación entre sí. En términos de March y Olsen (1984), refieren «estructuras institucionales» y «estructuras normativas» a las que conciben como «colecciones de procedimientos operativos estándar… que definen y defienden valores, normas, intereses, identidades y creencias» (pp 16-17). Al mismo tiempo, dan como ejemplos de instituciones políticas a «los parlamentos, los ministerios, las cortes y las agencias administrativas, cuya injerencia es reprobada y desvalorizada según las percepciones de algunos de los individuos de las comunidades indígenas, revalorizando -a consecuencia- otras normas que les resulta de mas provecho, como ocurre con los beneficios ofrecidos por actores criminales.

El neo institucionalismo -en este contexto-, puede ser entendido como un conjunto de instituciones que podrían manejar los intereses y preferencias de los individuos, sus relaciones y condiciones con las actúan. Entonces, el neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el comportamiento de los actores frente a su medio social y rompe con esa concepción más tradicional e idealista. Desde una lectura estatal, la situación en la frontera Colombo-ecuatoriana en el marco de la seguridad y defensa revela un panorama agravado por un desapego institucional y una presencia limitada de entidades estatales reguladores (en ambos países), que impiden un plan de desarrollo bien diseñado y un proceso de integración económica organizado de orden binacional, que genera grandes escollos en materia aprovechamiento de recursos como de intercambios comerciales. En el Putumayo, las FARC consiguen controlar el orden social y posteriormente establece al narcotráfico como él más importante regulador del mercado regional, a través de la implementación de permisos de operación a los narcotraficantes, el impuesto al gramaje y el pago a los campesinos (Bonilla, 2017). Lo habitantes de aquellas regiones, sin embargo, han ratificado el establecimiento de un orden social paralelo al impuesto desde el Estado (o los Estados, en este caso) en el que se proveen de servicios públicos de lo más diversos – que incluyen seguridad, resolución de conflictos, administración de justicia – y bienes básicos. Básicamente, el poder que las organizaciones criminales consiguen, a partir del ejercicio de la gobernanza criminal, en un espacio geográfico determinado, les permite posicionarse como puentes entre la sociedad y el Estado.

A juicio propio diremos que este enfoque, desde el análisis de la gobernanza criminal, sostiene como fortalezas que las instituciones son factores explicativos clave de los resultados sociales, políticos, económicos, etcétera, y estos contextos institucionales influyen de manera determinante en el comportamiento de los individuos, lo cual brinda chances a los individuos. La racionalidad limitada implica que los grupos (o actores) no tengan la capacidad o los recursos para optimizar decisiones, pero la manera de interpretar la información es medular para la búsqueda de una solución. Otro punto a favor de este enfoque es que las instituciones pueden elementos singulares de grandes regularidades en el comportamiento humano. Pero además, podríamos argumentar a favor, que las instituciones podrían ser vistas como reglas exteriores al actor, entonces, como son externas, los actores son conscientes de tal distancia y objetivamente pueden actuar (o promover cambios) sobre las instituciones para mantenerlas (o cambiarlas de ser necesario) y asegurar resultados políticos favorables a sus propios intereses. Por el lado de las debilidades, ya acá voy a poner en evidencia un sesgo personal -que advertí en la cursada y que a juicio propio, podría ser un “mal” generalizado- está dado en el análisis institucional, en la falta de consenso conceptual. Hay, todavía, una vaguedad latente del concepto institución ha llevado a utilizar dicho término tanto para referirse a entidades diversas desde organismos de la sociedad civil aun sin identidad hasta organismos de gobierno. Agréguese a dicha dificultad, la debilidad derivada de la falta de consenso sobre lo que constituye el fenómeno político objeto de la Ciencia Política o de la Administración Públicas, como la regulación de conflictos colectivos mediante procesos de agregación o mediante procesos políticos integradores Respecto de los procesos de agregación como objeto de la Ciencia Política, March y Olsen sostienen si las instituciones políticas se analizan en términos de su aportación a la integración de una sociedad entonces “las instituciones democráticas presuponen y desarrollan cierto sentido compartido de ciudadanía, un sentido de herencia común, un valioso modo de vida y un destino colectivo (…) de allí que uno de los criterios para evaluar arreglos democráticos alternativos es la medida en que éstos facilitan ese sentido de comunidad” (March y Olsen, 1997).

A manera de cierre

No cabe dudas que cuando se examinan los problemas de la consolidación de la pretendida democracia, salen a luz niveles y dimensiones que piden y exigen atención simultánea y la generalización de dicha forma de gobierno es solamente una.

Uno de aquello puntos que reclaman atención son los problemas relacionados con los mecanismos de control y autocontrol sociales y políticos, así como con la organización económica y el entorno general, que no se pueden examinar desde formas más estrechas de considerar el fenómeno democrático.

En este contexto, la teoría que más se ajusta y responde in extenso a los cuestionamientos planteados precedentemente es la Teoría Neoclásica. La noción de poder, como concepto clave explicativo (en el contexto de la gobernanza criminal) resulta un argumento trascendente en la puja entre los actores que tienen parte en la arena de tensiones, tal como se adelantó y tiende a responder satisfactoriamente – a juicio propio- los cuestionamientos plateados de antemano.

Sin ánimos de redundar volcaré algunas precisiones centrales que den cuenta de por qué se sostiene que, en el rebuscado contexto de la gobernanza criminal, la teoría neoclásica resuena como la más apropiada.

La teoría neoclásica es una corriente de pensamiento (económico) que se centra en el análisis microeconómico, la maximización de la utilidad individual y la eficiencia en la asignación de recursos. Busca para analizar el comportamiento de los agentes y predecir (las teorías adoptan esta arista) los resultados de diferentes situaciones. Sin embargo, la centralidad aquí la volcaré en los supuestos de Mancur Olsen y teoría de Acción colectiva.

¿Por qué? Porque las motivaciones de cada de uno de los participantes en la puja es la realización de los propios intereses (Acuña, 1997) opera la lógica economicista e individualista lo que podría hacer más ameno el análisis institucional y el mapeo de intereses en la gobernanza criminal. Todos los actores están abocados a la búsqueda individual de la maximización, como cuestión racional, en un análisis constante de costos

y beneficios, exhibiendo sus preferencias (p. 39). La acción colectiva, para el caso de grupos criminales, grupos cooptados (poblaciones), existe. De acuerdo con Olson, ello se podría explicar y analizar porque las organizaciones disponen de “incentivos selectivos”, mecanismos que permiten a las organizaciones movilizar a las personas indiferentes; es decir, quienes prefieren que otros incurran en los costos de la acción colectiva mientras estos se benefician también del producto de su esfuerzo. Estos incentivos pueden ser negativos, castigos individuales y otras formas de coerción, o incentivos positivos como premios individuales (lo cual explica de plano muchas de las acciones en la frontera colombo-ecuatoriana, de nuestro ejemplo). En suma, para conseguir la acción colectiva se requiere alguna combinación de incentivos selectivos, los cuales entran a hacer parte del cálculo de costos y beneficios que realizan los individuos impulsándolos a involucrarse. Podríamos animarnos a sostener aquí que las explicaciones de la acción colectiva de los actores involucrados en la gobernanza criminal5 (en definitiva) están atrapadas en el dilema racionalidad/irracionalidad, en el sentido de que deben situarse a lo largo de un contínuum constituido por estas dos polaridades.

Finalmente, habida cuenta que este trabajo académico ha desplegado algunos insumos que resultan necesarios para pensar y repensar una tesis de doctorado, resulta complementario observar, a la luz de esta teoría, en las estructuras de movilización o la dinamización que son, ni más ni menos, que los canales colectivos -que podrían ser formales como informales-, a través de los cuales los actores (o los agentes), puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva. Entonces, podrían comprender tanto las organizaciones formales como las redes de relaciones sociales de la vida cotidiana y grupos cuya función no es precisamente la movilización pero que pueden generarla (es el caso de familias, asociaciones vecinales, asociaciones de productores, etc.). El enfoque de procesos políticos tiene entonces la virtud de no reducir la explicación de la acción colectiva a una consecuencia de las estructuras, pero tampoco a la voluntad de los actores. Así por ejemplo, determinada configuración de la estructura de oportunidades políticas puede generar una forma particular de marco de acción colectiva o de estructura de

movilización. Del mismo modo, tanto la identificación de las oportunidades como su aprovechamiento dependen en buena medida del tipo y forma de la estructura de movilización. No obstante, de fondo siguen estando presentes las polaridades del dilema entre sujeto y estructura que escapa a los objetivos de este trabajo.

Tocante a la gobernanza criminal, diremos que a menudo, las sociedades latinoamericanas enfrentan el surgimiento de nuevos órdenes en que los funcionarios estatales y las autoridades políticas comparten (a regañadientes) el poder con organizaciones criminales. La gobernanza criminal (como la creación de un orden paralelo basado en la imposición de reglas sobre el comportamiento ciudadano por parte de organizaciones criminales a menudo con la colaboración o anuencia de agentes estatales) como se denomina a este tipo de configuración, plantea desafíos importantes para la democracia y el estado de derecho. También constriñe y a veces reconfigura el acceso a derechos de ciudadanía civil, política, y social por parte de la población. El modesto trabajo tácita afirma que que se requiere más trabajo para entender las consecuencias que los nuevos ordenes de gobernanza criminal generan respecto al funcionamiento de los regímenes políticos e instituciones estatales.

Notas

El concepto de gobernanza criminal ha sido trabajado por diversos autores entre los que se destaca Arias (2006; 2017), quien aparece como pionero en el tema. En especial porque, cuando la mayoría de los académicos hablaban del surgimiento de autoridades, poderes o Estados paralelos, él introdujo la idea de que las organizaciones criminales se valían del poder estatal y del capital social al que tenían acceso para hacer posibles sus actividades delictivas (Arias, 2006: p. 293-294)
En el texto de Schmitter y Karl (1992) los autores analizan siete puntos de procedimientos mínimos que debe tener el termino poliarquía que pregona Dahl: a) decisiones de gobierno, b) un sistema de elección como contexto, c) igualad de voto en adultos, d) todos tienen derecho a ser elegidos en elecciones, e) libertad de expresión, f) derecho a información, g) derecho a organizarse. Los autores agregan dos puntos mas
Recomiendo el trabajo de Anthony Álvarez Durán, cuyo título es “Frontera colombo-ecuatoriana: gobernanza criminal” en el que se detalla de mejor manera las circunstancias que trato de ilustrar aquí, en
https://iapss.org/core/storage/2021/11/ELA-2021_1-55-70.pdf
Otro ejemplo, para nada alejado del primero, nos lo ofrece la comunidad Kamsá, cuyo asentamiento se sitúa en el departamento del Putumayo en el valle del Sibundoy (en Colombia) donde tienen una economía basada en la agricultura, en la ganadería y en las artesanías, que debido a su ubicación fronteriza los Kamsá han sido vez tras vez afectados por la presencia de algunos grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico que los obligan a desplazarse forzosamente hacia otras zonas afectando considerablemente su estructura cultural, pero al optar por las reglas de juego de uno de los grupos criminales mas estratégicos del territorio, encontraron estabilidad en los últimos años.
Y para los casos de movimientos sociales, además.

Bibliografía

Acuña, C. (1997). ¿Racionalidad Política versus Racionalidad Económica? Notas sobre el Modelo Neoclásico de Acción Colectiva y su relación con la Teoría y Método del Análisis Político”, Revista Argentina de Ciencia Política, 1, pp. 31-55.
Álvarez Duran, A. (2021). Frontera colombo-ecuatoriana: gobernanza criminal. Revista Latinoamericana, 1, pp. 55-69.
Bonilla, M. (2017). Repercusiones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el Departamento de Putumayo en Colombia y en la provincia de Sucumbíos en Ecuador.
Desmond, E. (2006). The Dynamics of Criminal Governance: Networks and Social Order in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies (38).
Lukes, S. (2007). El poder. Un enfoque radical. Madrid: Siglo XXI, pp. 1- 48.
March, J. y Olsen, J. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política. México: Fondo de Cultura Económica.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge: Cambridge University Press.
Olson, M. (1998). La lógica de la acción colectiva en Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi (comps.), La Nueva Economía Política. Racionalidad e instituciones. Buenos Aires: EUDEBA.
Schmitter, P. y Karl, T. (1992). Lo que es … y lo que no es la democracia, en R. Ocampo Alcántara (comp.), Teoría del neocorporativismo. Ensayos de Philippe C. Schmitter, Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Skocpol, T. (2007). “El Estado regresa al primer plano» en Zona Abierta. Madrid, 50, enero- marzo 1989, (en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, pp. 169-202.