Pedí un viaje a través de la aplicación Uber desde mi teléfono celular en una ciudad de la provincia de Santa Cruz. Mi procedimiento era habitual y no imaginaba, ninguna situación asombrosa. Sin embargo, al acercarme al punto de encuentro indicado por la aplicación, observe que el vehículo estipulado se encontraba detenido en una parada de taxis, junto a otros automóviles patentemente identificados como parte del servicio tradicional de transporte de pasajeros. El conductor no había acudido al lugar a partir de la solicitud digital, sino que permanecía estacionado en la fila, esperando clientes conforme a la lógica clásica del taxi. Esta superposición entre dos modalidades de trabajo y regulación distintas produjo en mi un momento de extrañamiento.
El hecho ponía en disputas distintos órdenes normativos y laborales. El taxi, históricamente concebido como un servicio público regulado por el Estado municipal, aparecía operando simultáneamente bajo una plataforma digital privada cuya situación legal resulta ambigua. Frente a esta situación, formulé al chofer una pregunta que buscaba comprender el sentido de la práctica más que impugnarla: ¿En la parada de taxis se puede tomar viajes por Uber? Mi pregunta representaba una curiosidad vinculada a los límites entre lo permitido y lo prohibido, entre la norma formal y las prácticas efectivas. La respuesta del chofer fue tajante. Comentó que trabajaba como taxista, pero que utilizaba la aplicación para incrementar sus ingresos, ya que el trabajo del taxi no resultaba suficiente para cubrir sus gastos cotidianos. Subrayo el aumento del costo de vida, lo costoso del mantenimiento del vehículo y la falta de pasajeros. En su relato no apareció la idea de infracción ni de conflicto con la norma, sino una racionalidad práctica orientada a sostener su fuente de ingresos. La plataforma Uber emergía, así como una estrategia de adaptación frente a un contexto económico de mucha fragilidad.
Desde la óptica de Robert Castel, este acontecimiento puede interpretarse como una expresión concreta de la fragilización del trabajo. El chofer no se encuentra totalmente excluido del mercado laboral, pero tampoco absolutamente integrado en términos de estabilidad. Su situación puede registrarse en una zona intermedia, caracterizada por la precariedad en donde el trabajo formal deja de garantizar seguridad material y simbólica. La urgencia de recurrir a modalidades no reguladas o pocas reguladas da cuenta del debilitamiento de los soportes clásicos de integración social y de la progresiva individualización de las estrategias de supervivencia de los ciudadanos.
La interrogación por la posibilidad de esta práctica remite también al problema de la norma y su eficacia. En términos durkheimianos, las reglas sociales cumplen la función de ordenar la vida colectiva, estableciendo límites claros entre las conductas legítimas y las ilegítimas. Sin embargo, cuando las transformaciones sociales avanzan más rápido que los marcos normativos, se generan situaciones de ambigüedad que pueden ser caracterizadas como formas de anomia. En este caso, la coexistencia del taxi como servicio regulado y de Uber como plataforma digital produce un escenario en el que las reglas existen, pero no logran orientar de manera efectiva las prácticas cotidianas.
La falta de claridad normativa no implica la ausencia del Estado, sino su presencia ambigua. Prosiguiendo los aportes de Rodríguez Alzueta, el control social no se ejerce exclusivamente a través de la sanción, sino también mediante formas de tolerancia selectiva. La ausencia de intervención frente a una práctica visible y conocida sugiere un modo de regulación implícita, en el cual ciertas conductas son aceptadas en la medida en que no alteren el orden general. Esta tolerancia no elimina la irregularidad, sino que la administra, produciendo un escenario de inseguridad jurídica que recae principalmente sobre los trabajadores.
La parada de taxis, como espacio urbano regulado, se transforma así en un territorio híbrido donde conviven normativas estatales, lógicas de plataformas privadas y habilidades individuales de subsistencia. La legalidad deja de funcionar como un marco estable y se convierte en una referencia débil, negociada en la práctica cotidiana. El chofer no encarna la figura del infractor aislado, sino la de un trabajador que gestiona su permanencia en el mercado laboral en un contexto de debilitamiento de las protecciones sociales y de redefinición del control estatal.
El acto etnográfico permite, a partir de un hecho aparentemente menor, iluminar procesos estructurales más amplios vinculados a la transformación del trabajo urbano. La pregunta inicial —¿esto se puede hacer? — no encuentra una respuesta clara en el plano jurídico, pero sí en el plano social. Se puede hacer porque el orden normativo no logra adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo, porque el control estatal es intermitente y porque los sujetos batallan para evitar la exclusión. La etnografía, al partir de la experiencia cotidiana, permite comprender estas tensiones sin reducirlas a una mera cuestión de legalidad, mostrando cómo el trabajo, la norma y el control se reconfiguran tristemente en la vida urbana contemporánea de muchos habitantes de la provincia de Santa Cruz.
Bibliografía
Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Paidós.
Durkheim, É. (1895). Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Akal.
Rodríguez Alzueta, E. (2014). Temor y control. Buenos Aires: Futuro Anterior.