Introducción
Los enfoques con los cuales, en la actualidad, las autoridades políticas enfrentan el abordaje de la inseguridad suponen condiciones ineficaces para el control del delito. En una primera instancia, la comprensión central del problema de la inseguridad se halla en un escenario que padece una enorme falta de información y de un análisis adecuado de esta que permita a los encargados de la cartera ministerial diseñar estrategias de intervención con mayor nivel de eficiencia y eficacia en la prevención delictual.
Por otro lado, se observa un contexto desordenado entre un modelo inviable y otro inacabable, lo que se traduce en un efecto de desorden por parte de los ciudadanos, a lo cual se le suma a un diagnóstico de incapacidad frente al accionar estatal.
Además, la política intenta evitar la democratización del sistema de seguridad porque la relación entre los riesgos y los beneficios no da un resultado positivo para su gestión. Asimismo, existen grupos que ven, en el miedo y en la ineficacia de la política, una oportunidad de mercado, y obstaculizan la búsqueda de respuestas (el mercantilismo de la seguridad).
Por todo ello intentaremos, en este breve artículo, redefinir los conceptos de paradigma del orden, por un lado, y de paradigma de la gestión de la conflictividad, por el otro. Necesitamos comprender estos conceptos para no caer en el diseño de políticas públicas que no garanticen un derecho fundamental para todo ser humano: el derecho a vivir en paz en sociedad.
Paradigma del orden
La idea de orden es tan arcaica como la humanidad misma; en el transcurrir de la historia, diversas disciplinas han hecho uso de esta: la filosofía, para hacer frente a la noción de caos; la biología, al designar el orden como una categoría de la taxonomía; las matemáticas, para analizar las relaciones binarias. Pero el uso que más debate ha originado es el de las ciencias sociales, cuando se busca analizar el funcionamiento de la sociedad, fundamentalmente en el ámbito de la prevención de la inseguridad.
Para las ciencias sociales, el orden social designa la estructura social entendida como mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso social. Las formas de relación y comportamiento social consideradas incompatibles con tal orden definen, por oposición, el denominado comportamiento antisocial y la marginalidad. Aquí toma sentido el paradigma del orden, porque se da por entendido que la inseguridad es, netamente, un problema de orden público, y la responsabilidad de dar solución a este flagelo es del Estado y sus brazos coercitivos: Policía, Poder Judicial y Servicios Penitenciarios.
Siguiendo esta idea, se entiende que toda conflictividad social es un desorden y, como tal, una inseguridad de la armonía que debe ser restablecida (Binder, 2009). Se trata del orden natural propio del pensamiento grecorromano, del orden teologal de la Edad Media o del orden racional del Humanismo y de la Ilustración… la ilusión de un modelo de sociedad, un molde en el que algunos no caben (Lozano Cortes, 2003). Ahora bien, la noción de orden tiene un trasfondo antidemocrático, en cuanto no tolera la diferencia y busca censurarla por medio de leyes escritas o de la estigmatización social, entre otras formas de censura. Históricamente, ello ha implicado que un sector social autodefinido superior y con mejor capacidad para comprender los alcances y exigencias del orden le da contenido a este, incluyéndose en este y excluyendo a quienes son una molestia (Loza, 2020). Resumiendo, este paradigma concibe que la inseguridad es un problema, netamente, de orden público. Es por ello por lo que da a entender que el Poder Judicial, Policía y los Servicios Penitenciarios son los organismos encargados de dar soluciones a este flagelo (tomando como herramienta el punitivismo, la mano dura, la tolerancia cero). El Estado no se involucra: solo encarcela y castiga.
Paradigma de la gestión de la conflictividad
En las últimas décadas, la participación ciudadana en políticas publicas se ha convertido en un expediente reiterado. En el caso específico de las políticas de seguridad de prevención del delito, se ha sostenido que la participación de la ciudadanía es una necesidad de responder al elevadísimo incremento del delito y de violencia que va más allá de lo conocido como sensación de inseguridad, y a la falta de respuesta punitiva del Estado. Aquí emerge este nuevo paradigma del abordaje de la seguridad, con la intención de sumar nuevas modalidades con relación al trabajo policial y a la sociedad, a fin de dejar atrás esa ilegitimidad de la fuerza pública muy impugnada por la opinión pública.
Entonces, la participación ciudadana pasa a ser entendida, en la prevención del delito, como un componente más de un cambio de paradigma en las políticas de seguridad. En este orden, la visión centrada en el orden pasa a ser abordada con intervenciones de los poderes públicos en seguridad, que fomentan la promoción de derechos, entendiendo que la seguridad constituye un bien social importante para el desarrollo humano, y que es necesario conservar un fuerte control público de las instituciones punitivitas, dado que, antiguamente, han sido poco permeables a los valores de la democracia y de los derechos humanos.
En síntesis, el paradigma de la gestión de la conflictividad es incluida como un emergente en políticas publicas de la seguridad. La participación comunitaria en las estrategias de prevención del delito y de la violencia persigue, según los teóricos que definen este paradigma, cuatro ejes básicos: 1) construir una nueva forma en la relación entre instituciones de la seguridad y la sociedad civil; 2) movilizar el capital social disponible en la comunidad para alcanzar metas de desarrollo social que impacten en las causas sociales que producen la criminalidad; 3) ajustar las políticas de seguridad a las características del territorio comunitario mediante la constitución de planes locales de seguridad, como las Patrullas Urbanas Municipales; 4) democratizar las políticas de seguridad mediante la inclusión de nuevos actores sociales, como organizaciones comunitarias de la sociedad civil, en la toma de decisiones respecto de la seguridad pública. El vecino se involucra y forma parte del nuevo abordaje de la seguridad.
El paradigma de la gestión del conflicto se presenta, ante todo, como un modelo que convoca a la participación ciudadana ante las dificultades del sistema político, para solucionar y generar la convivencia pacífica. Es decir, generar instancias de debate, participación, foros vecinales de participación que puedan controlar el accionar de las fuerzas de seguridad y evitar el abuso de poder y, de este modo, ser parte del diseño de políticas públicas. (A contrapunto del paradigma del orden, que ofrece una postura conservadora, vacía de contenidos, y temerosa de arriesgar un diseño de políticas públicas para un orden social complejo, que precisa una mirada integral).
Entendemos que las autoridades de la seguridad deben contextualizar el enfoque del abordaje de la seguridad que llevarán adelante en su gestión. La dicotomía entre estos dos paradigmas abordados no se debe limitar a lo discursivo: se debe contemplar en la práctica. Actualmente, observamos, un discurso muy progresista, sustentado en mecanismos netamente punitivos que, como resultado final, solo siembran en la sociedad una gran incertidumbre, y muy poco (o nada) de certezas.
Bibliografía
- Binder, A. (2009). El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. l. Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina30679.pdf
- Lozano Cortés, M. (2003). El discurso criminológico en América Latina y su crítica. En Saskab, cuaderno 4, pp.1-11.
- Loza, G. (2020). “La dicotomía entre el paradigma del orden y la gestión de la conflictividad desde la criminología crítica latinoamericana”. II Jornadas de estudios sociales sobre delito, violencia y policía, 9 y 10 de abril de 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. “La seguridad en cuestión”. En Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía: UNSAM. En Memoria Académica. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14045/ev.14045.pdf