Empecemos por el principio
Distingamos prima facie los temas de interés que podríamos considerar problemáticos, éstos mientras sean considerados prioritarios para la sociedad, serán parte de una agenda tácita que se la conoce Agenda Pública (Majone, 2006), allí están contenidos todos y cada una de las demandas ciudadanas motivadas por razones políticas, sociales, ambientales o culturales se incorporan al espacio amplio del interés general cuando son expresadas por un grupo de personas, como un asunto de urgente resolución, a través de distintos medios. La seguridad en Argentina es uno de esos temas. Ahora bien, para que el gobierno intervenga desde los estamentos estatales que le toca conducir debe insertar estas problemáticas en la Agenda Política (Aguilar Villanueva, 1993). Pero la pregunta que nos interpela es ¿Cuánto peso tiene la seguridad para el gobierno?
¿Qué se ha hecho por la seguridad?
Responder este cuestionamiento es difícil, pues remite algunas cuantas respuestas. Vamos por algunas entonces.
Debemos considerar que desde el regreso de la democracia –a comienzos de la década de los 80- el Estado Argentino ha tratado de ordenar el poder interno y “acomodar” las Fuerzas del territorio (tanto Armadas como de Seguridad y Policiales). Ocurre que la policía es una institución política central que ha sido, sin embargo, relativamente ignorada por la ciencia política (Bayley 1990; Jobard y Favre 1997) y como tal fue subestimada y en ocasiones supervalorada, pero no ha tenido un papel definitivo en la seguridad de la década de los 80.
Un primer intento de orden lo encontramos en Ley de Seguridad Interior (ley nro. 24.059) en 1991, que dejaba en claro principios básicos, finalidad, estructura, órganos, misiones y funciones de las Fuerzas. Para ser breve, hasta aquí una estructura normativa fuerte y vertebral. Sin embargo la inseguridad, es una de las palabras que más se escucha en las conversaciones cotidianas de las personas, ocasionando que las mayorías de las encuestas de opinión pública señalen a los problemas que de ellas se derivan como la preocupación principal de la población. Será que el miedo va muy rápidamente cubriendo y aplastando espacios sociales, cual líquido (Baumann, 2007).
Quizás sea esta la explicación por la que los discursos gubernamentales en Argentina tengan gran contenido pseudosecuritario. No es casual entonces que las campañas políticas de los últimos años tengan como eje principal la “lucha” contra la inseguridad, articulando los discursos de los candidatos donde se promete al electorado ciudades más seguras y castigos más severos a los delincuentes, como si esto fuese el remedio para semejante problema.
Del dicho al hecho
Si la seguridad y su contracara (la inseguridad) son parte activa de la Agenda de Gobierno ¿Qué han hecho nuestros líderes? Operativos policiales, más operativos policiales y más operativos policiales. No debemos perder de vista que en algunas provincias del país (por ejemplo la provincia de Buenos Aires) se han apasionado por el policiamiento, es decir por “agregar” policías malpagos y malequipados al staff disconforme con que ya contaban algunas provincias.
En los últimos años, algunos funcionarios, salieron a predicar que añadieron a los operativos de policiamiento un plus de tecnología. Se sabe que Argentina destina (con suerte) el 1.9% del PBI nacional a la seguridad.
Entonces, responder la pregunta ¿Le importa a la dirigencia argentina la Seguridad Ciudadana? Tiene una respuesta ambigua, una desde el discurso político y otra desde la praxis política, ambos con enfoques analíticos antagónicos.
Será que una de las soluciones (una de la tantas) es mejorar los salarios y horarios de los trabajadores policiales. Este punto podría ser clave. Profesionalizar a los agentes, incentivarlos para lograr metas laborales y profesionales, desacostumbrarlos de la opresión.
Para cerrar
Las distintas posturas que adopten los gobiernos argentinos deben partir del interés. Sin embargo pueden persistir en apelar al recurso policial-penal endureciendo las sanciones con el objetivo de disuadir la actividad criminal; modificar solamente desde los discursos el aparato policial-penal desde el prisma de los derechos y las garantías individuales; desconocer que los problemas político-económicos estructurales están sumamente ligados a los problemas de desarrollo y marginalidad porque desconocerlos, profundiza la idea de deslegitimar el trabajo de las agencias policiales y judiciales y sostener la neutralidad valorativa del Estado son tópicos nocivos desde la óptica de la Seguridad Ciudadana. Cierro con la pregunta que abrí ¿Le importa a la dirigencia argentina la Seguridad Ciudadana?
Bibliografía
- Aguilar Villanueva, L. (1993). Estudio introductorio. En Aguilar Villanueva, L. F. (Ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno Ciudad de impresión: Porrúa
- BAUMAN, Z. (2007). Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, Paidos, Barcelona
- Bayley, D. (1990) Patterns of policing: a comparative international analysis, New Brunswick, Rutgers University Press
- Jobard, F., Favre, P. (1997) “La police comme objet de science politique”, Revue française de science politique, vol. 47, n° 2, p. 204-210. Majone, G. (2006). Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. Ciudad de impresión: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C