«Movimientos sociales como motores del cambio en Argentina: acción colectiva, seguridad ciudadana y nuevas formas de participación»

Introducción

Los movimientos sociales en América Latina han jugado un rol crucial en la configuración de las sociedades y los sistemas políticos de la región, posicionándose como actores clave en la construcción de agendas transformadoras. A lo largo de la historia, estos colectivos han desafiado estructuras de poder establecidas, impulsando cambios sociales y políticos significativos. En las últimas décadas, se ha observado una revitalización de la acción colectiva, caracterizada por el surgimiento de nuevos movimientos en respuesta a las profundas desigualdades sociales, las crisis económicas recurrentes y los desafíos impuestos por la globalización.

Esta monografía se propone reflexionar y analizar brevemente el papel de los movimientos sociales como motores de cambio en Argentina, con énfasis en su relación con la seguridad ciudadana y las nuevas formas de participación democrática. Se explorará cómo estos actores han cuestionado las narrativas tradicionales de seguridad, frecuentemente centradas en el control y la represión, promoviendo enfoques más inclusivos y orientados al fortalecimiento de derechos. Asimismo, se examinará su contribución en la construcción de una democracia más participativa y plural, que trascienda los modelos institucionales convencionales, en línea con los contenidos abordados en este seminario de posgrado.

El análisis se basará en casos emblemáticos de los últimos años, con especial atención a los movimientos sociales en Argentina. Se estudiarán sus estrategias, demandas y logros, así como los desafíos que enfrentan en un contexto marcado por la precarización laboral, el auge de los populismos y las tensiones derivadas de la globalización. Este trabajo tomará como referencia parte de los contenidos de la Unidad III del programa de estudios. La reflexión central se articula en torno a la pregunta: ¿En qué medida los movimientos sociales en Argentina han transformado las agendas políticas y las prácticas de seguridad ciudadana, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas y equitativas? Este interrogante permitirá analizar el impacto de estos actores en el país, identificar sus potencialidades y limitaciones, y evaluar su influencia en el desarrollo democrático. Aunque este análisis se realiza en el marco de una monografía, se buscará abordar la temática de manera rigurosa dentro de las posibilidades del formato.

Los movimientos sociales como agentes de cambio político y social: la reconfiguración de la seguridad

La relación entre los movimientos sociales y la seguridad ciudadana en Argentina se manifiesta en su capacidad para desafiar y reconfigurar las concepciones tradicionales de la política y los derechos ciudadanos. Los movimientos sociales emergen como actores fundamentales en la reivindicación de derechos colectivos, utilizando el espacio público como plataforma para visibilizar demandas y movilizar a sectores diversos de la sociedad, Revilla Blanco (2010).
Estos movimientos actúan como espacios de reflexión de ciudadanía fomentan la autoafirmación colectiva, la solidaridad grupal y la construcción de identidades compartidas. La ocupación del espacio público y la movilización generan transformaciones tanto en la percepción de la seguridad como en la gestión de lo público, orientándolas hacia la inclusión, el reconocimiento de derechos y la participación de la sociedad.

La acción colectiva¹ , entendida como un proceso dinámico y comunicativo, también cuestiona las estructuras institucionales que excluyen a ciertos sectores. En este sentido, los movimientos sociales buscan ampliar las bases de la democracia y fortalecer la ciudadanía al abordar problemas estructurales como la exclusión social y la desigualdad económica, que están intrínsecamente relacionados con las problemáticas de la seguridad ciudadana
Los movimientos sociales en Argentina han sido (y son) clave en su evolución política y social. Su capacidad para movilizar a diversos sectores de la población, articular demandas colectivas y desafiar las estructuras de poder ha generado transformaciones significativas en áreas como los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género y la protección de los derechos laborales.
Antes de avanzar, resulta pertinente establecer una definición clara de movimientos sociales con el propósito de unificar criterios en esta monografía. Los movimientos sociales pueden entenderse como una forma de acción política colectiva que emerge en respuesta a la preexistencia de conflictos específicos. Estos conflictos se originan en tensiones estructurales que provocan la vulneración de intereses particulares, lo que impulsa a los actores involucrados a movilizarse como estrategia para buscar su resolución (Martí, 2004). La relación entre los movimientos sociales y la seguridad ciudadana en Argentina es un tema de gran complejidad y relevancia, marcado por tensiones, negociaciones y colaboraciones. A lo largo del devenir histórico, estos actores han interactuado de diversas maneras, generando debates y transformaciones en la concepción y práctica de la seguridad. Tradicionalmente, las concepciones de seguridad ciudadana en el país han estado basadas en un modelo represivo centrado en el control policial. Sin embargo, los movimientos sociales han sido críticos de esta perspectiva, proponiendo un enfoque alternativo que aborda las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades.
Un momento crucial en esta relación fue la crisis de 2001, cuando las protestas masivas y la represión ejercida por las fuerzas de seguridad evidenciaron una profunda crisis de legitimidad institucional (Legrain, 2004) y de allí la necesidad de replantear las políticas de seguridad. En este contexto, los movimientos sociales reforzaron su demanda de concebir la seguridad ciudadana como un derecho humano, estrechamente vinculado a otros derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda y la salud. Este enfoque integral busca no solo reducir la criminalidad, sino también promover la inclusión social y abordar las desigualdades estructurales que generan inseguridad.

Un ejemplo paradigmático de la influencia de los movimientos sociales es el Movimiento de Derechos Humanos, que emergió con fuerza en las décadas de 1970 y 1980 como respuesta a las violaciones masivas cometidas durante la última dictadura militar (19761983). Este movimiento no solo visibilizó los crímenes de lesa humanidad y exigió justicia para las víctimas, sino que también desempeñó un papel crucial en la recuperación y consolidación de la democracia. Organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en símbolos internacionales de resistencia y lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Este legado ha tenido un impacto significativo en las prácticas de seguridad ciudadana, promoviendo una perspectiva basada en la protección de los derechos humanos y la democratización de las instituciones de seguridad (D´Alessandro, 1998). En efecto, los diseños curriculares de las instituciones formadoras de policías en todo el país han integrado de manera explícita asignaturas policiales que están profundamente orientadas hacia una sólida formación en derechos humanos.
Por su parte, el movimiento sindical ha sido otro actor central en la historia argentina (y agrego que en la actualidad es un actor preponderante), contribuyendo de manera decisiva a la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Desde la consolidación del movimiento obrero en las primeras décadas del siglo XX hasta las luchas contemporáneas por salarios dignos y condiciones laborales justas, los sindicatos han sido una fuerza poderosa en la configuración de políticas públicas que benefician a amplios sectores de la población. Este movimiento también ha impactado en la seguridad ciudadana al abordar factores estructurales como la precarización laboral y la exclusión social, promoviendo una justicia social que reduce las desigualdades y contribuye al bienestar colectivo. Sin embargo, sin dejar pasar este punto notable, añadiré que la tensión entre sindicatos y gobierno (el del presidente Milei, mas específicamente) han originado una reconfiguración de la gestión de la seguridad pública y ciudadana en caso de protestas.
En años recientes, el Movimiento Feminista ha emergido como un actor clave en la agenda política y social (Pis Diez, 2019), posicionando temas como la igualdad de género, el fin de la violencia machista y el derecho al aborto en el centro del debate público. El movimiento Ni Una Menos impulsó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) y transformó normas patriarcales, promoviendo políticas de seguridad con refugios, líneas de asistencia y programas educativos para prevenir la violencia de género, consolidando un enfoque inclusivo contra las violencias estructurales hacia mujeres y diversidades. En definitiva, la relevancia de los movimientos sociales en Argentina puede entenderse a la luz de teorías contemporáneas que los definen como actores colectivos destinados a desafiar o transformar el statu quo. Según Salvador Martí I Puig (2004), los movimientos sociales en Argentina, analizados a la luz de teorías contemporáneas, pueden entenderse como actores colectivos fundamentales que desafían el statu quo y buscan transformar estructuras sociales y políticas en un contexto globalizado. Estas teorías enfatizan características clave de los movimientos sociales, como su capacidad para organizarse horizontalmente, articular demandas en marcos simbólicos compartidos y adaptarse a estructuras de oportunidad política, como lo señala McAdam (1999).
En este contexto, los movimientos sociales adquieren relevancia no solo por su acción local, sino también por su capacidad de conectar dinámicas globales con problemáticas específicas de América Latina. Operan como redes de resistencia que generan nuevos repertorios de acción colectiva y discursos alternativos que desafían narrativas hegemónicas y promueven la justicia social.

Según Della Porta y Diani (2006), estos movimientos se caracterizan por redes informales, una identidad colectiva y relaciones conflictivas con oponentes específicos. Estas características les permiten mantener demandas sostenidas y construir narrativas alternativas frente a modelos hegemónicos. En el caso argentino, esta dinámica se refleja en la capacidad de los movimientos sociales para desafiar estructuras de poder, influir en políticas públicas y promover cambios culturales profundos.
No obstante, los movimientos sociales también enfrentan importantes desafíos en un contexto de globalización, precarización laboral y crisis económicas recurrentes. Como señala Mosse (2010), su capacidad para abordar problemáticas inmediatas y confrontar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad es crucial para avanzar hacia sociedades más justas.
Antes de continuar, resulta fundamental retomar la concepción de democracia destacada reiteradamente en este seminario, la cual subyace de manera implícita en los planteamientos expuestos hasta aquí. En este sentido, los aportes de Hartlyn y Valenzuela (1997) son particularmente relevantes, al definir la democracia, o democracia política, como un sistema compuesto por tres dimensiones esenciales: la competencia, el marco normativo o constitucional, y la inclusión o participación ciudadana. En este sentido, su influencia en el diseño e implementación de políticas públicas es fundamental para transformar las prácticas de seguridad ciudadana y construir un modelo más inclusivo y equitativo.
El impacto de los movimientos sociales en Argentina puede clasificarse en tres dimensiones principales: política, cultural y biográfica (McAdam, 1999). En la dimensión política, se destacan reformas legislativas y modificaciones en políticas públicas; en la cultural, se observan transformaciones en valores y normas sociales; y en la biográfica, se aprecian cambios significativos en la vida de los individuos involucrados en la acción colectiva. Estas tres dimensiones reflejan el amplio alcance de las contribuciones de los movimientos sociales en la configuración de una sociedad más justa y equitativa.
Algunos de los principales movimientos sociales en Argentina son el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista, el movimiento de trabajadores y el movimiento estudiantil.

El papel de los movimientos sociales en la construcción de la seguridad ciudadana

El papel de los movimientos sociales en la construcción de la seguridad ciudadana y el uso del espacio público se encuentra en el centro de un (débil, a mi juicio) debate académico que conecta la esfera pública, la movilización social y la ciudadanía. Este análisis permite abordar tres dimensiones teóricas esenciales: la redefinición histórica de la ciudadanía en el contexto democrático, la dinámica entre visibilidad e invisibilidad en la movilización social y la reinterpretación de la dicotomía entre los espacios público y privado. Los movimientos sociales, como actores colectivos, han transformado el concepto de seguridad ciudadana y han resignificado el uso del espacio público como un lugar de disputa, resistencia y negociación. Viene bien reflexionar que Tarrow (1997) plantea que los movimientos sociales no son otra cosa que desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Rescato principalmente la idea de “desafíos” que ilustra la dinámica frente a la pretensión de la seguridad que plantea el Estado frente a los movilizados.
Históricamente, los movimientos sociales en Argentina han sido actores fundamentales en la ampliación, redefinición y consolidación de los derechos ciudadanos. El movimiento obrero organizado, por ejemplo, ha jugado un papel clave en la transformación de derechos civiles de individuales en colectivos. Este proceso ha dado lugar a lo que se ha denominado ciudadanía industrial secundaria -propuesto por Marshall (1998)-, en la que los derechos civiles colectivos se han utilizado como herramientas para negociar su aplicación y, al mismo tiempo, consolidar y ampliar los derechos fundamentales. Estas transformaciones han sido posibles gracias a la confrontación en la esfera pública entre fuerzas que abogan por la ampliación de los derechos y aquellas que buscan restringirlos. Este conflicto constante refleja la naturaleza no lineal de la aplicación de los derechos de ciudadanía, que ha excluido sistemáticamente a ciertos colectivos y ha enfrentado trabas jurídicas para su universalización.
La seguridad ciudadana, entendida como un derecho colectivo, también ha sido objeto de disputa en este contexto. Los movimientos sociales han desafiado las concepciones tradicionales de seguridad basadas en la represión y el control policial, proponiendo alternativas centradas en la prevención, la inclusión social y el respeto por los derechos humanos. Este enfoque se ha visto reflejado en las luchas del movimiento de derechos humanos, que emergió como respuesta a las violaciones masivas cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Este movimiento ha transformado el discurso sobre la seguridad ciudadana al posicionarla como un derecho humano fundamental, vinculado a otros derechos como el trabajo, la vivienda y la salud.
Al reclamar justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y promover la memoria, la verdad y la justicia, el movimiento de derechos humanos ha contribuido a la democratización de las fuerzas de seguridad y a la incorporación de estándares internacionales en la protección de derechos fundamentales.
El espacio público, entendido como el lugar donde se visibilizan las demandas sociales y se negocian los derechos ciudadanos, ha sido resignificado por los movimientos sociales. Las movilizaciones masivas en las calles, como las protestas de 2001 en nuestro país, ilustran cómo el uso del espacio público puede transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Estas manifestaciones, que surgieron en un contexto de crisis económica y social, pusieron en evidencia la necesidad de repensar las políticas de seguridad y promovieron la participación ciudadana en la construcción de comunidades más seguras e inclusivas. En este sentido, el espacio público se convierte en un ámbito de disputa donde los movimientos sociales cuestionan la legitimidad del poder estatal y exigen la inclusión de sus demandas en las agendas públicas.
Otro ejemplo significativo es el Movimiento Feminista, que ha utilizado el espacio público para visibilizar la violencia de género y reclamar políticas públicas que aborden esta problemática. Movilizaciones como Ni Una Menos han logrado posicionar la violencia machista como un problema estructural que requiere respuestas integrales. Estas acciones han impulsado cambios legislativos importantes, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020, y han transformado la forma en que se entiende la seguridad ciudadana al incorporar una perspectiva de género. El uso del espacio público en estas movilizaciones también ha contribuido a cuestionar la dicotomía entre lo público y lo privado, destacando cómo las experiencias personales de violencia se conectan con estructuras sociales más amplias.
Desde una perspectiva teórica, la relación entre los movimientos sociales, la seguridad ciudadana y el uso del espacio público puede analizarse a la luz de las ideas de autores como Della Porta y Diani (2006), quienes destacan el carácter colectivo de estos actores y su capacidad para construir narrativas alternativas frente a modelos hegemónicos. Estas redes informales permiten que los movimientos sociales desafíen estructuras de poder y promuevan demandas sostenidas en el tiempo. En el contexto argentino, esta dinámica ha sido clave para generar reformas legislativas, cambios culturales y transformaciones en las prácticas institucionales relacionadas con la seguridad ciudadana.
Sin embargo, los movimientos sociales también enfrentan importantes desafíos en un contexto global marcado por la precarización laboral, la desigualdad económica y las crisis recurrentes. Como señala Mosse (2010), estos actores no solo abordan problemáticas inmediatas (tal como lo afirma la definición que previamente explicitara), sino que también confrontan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. La capacidad de los movimientos sociales para incidir en el diseño e implementación de políticas públicas es crucial para avanzar hacia sociedades más justas y equitativas. En este sentido, la construcción de la seguridad ciudadana no puede desvincularse de la lucha por la justicia social y la inclusión de sectores históricamente marginados.
El papel de los movimientos sociales en la construcción de la seguridad ciudadana y el uso del espacio público puede entenderse como parte de un proceso histórico de redefinición de la ciudadanía. Según Dubet (2003), la ciudadanía ha estado tradicionalmente vinculada a la pertenencia a una comunidad nacional, pero también ha sido objeto de exclusiones sistemáticas. En este marco, los movimientos sociales han sido fundamentales para cuestionar estas exclusiones y proponer una ciudadanía más inclusiva y plural. El espacio público, concebido como un ámbito de reivindicación y resistencia, refleja este esfuerzo por ampliar los límites de la ciudadanía y avanzar hacia una sociedad más democrática. En Argentina, los movimientos sociales han desempeñado un rol esencial en la resignificación del espacio público y en la construcción de agendas políticas orientadas hacia la equidad. Movilizando a diversos sectores, articulando demandas colectivas y desafiando estructuras de poder, han promovido cambios culturales, transformado prácticas institucionales y ampliados derechos ciudadanos. Pese a los desafíos en un contexto global complejo, su impacto en la creación de una sociedad más justa y participativa sigue siendo crucial.

Movilización social y la aplicación de políticas de seguridad ciudadana en contexto de protestas.

La protesta se define como la acción y el efecto de expresar una queja o disconformidad, así como de proclamar o declarar un propósito de manera vehemente. Este fenómeno puede materializarse a través de diversas formas, tales como marchas, manifestaciones, cartas públicas, entre otras (Litza, 2020).
Desde el enfoque de la seguridad ciudadana, el proceso de criminalización de la protesta se define principalmente por la judicialización de las acciones colectivas. Este fenómeno implica el uso de mecanismos legales e institucionales para procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación en conflictos y luchas sociales. En este contexto, el Estado actúa como principal agente criminalizador al establecer, a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las condiciones que favorecen este proceso. En ocasiones, el sector privado también asume un rol activo en la criminalización, generalmente en colaboración con las instituciones estatales.
La protesta, pese a ser un derecho legítimo y constitucional, enfrenta resistencias desde sectores de la ciudadanía que perciben sus derechos vulnerados por las acciones de los manifestantes. Discursos recurrentes argumentan que estas movilizaciones afectan la libre circulación, la limpieza urbana u otros aspectos cotidianos, deslegitimando así las demandas sociales. Además, la narrativa mediática refuerza estas percepciones al enfatizar los perjuicios inmediatos causados por las protestas, invisibilizando las desigualdades estructurales que estas acciones buscan evidenciar y transformar.
Un ejemplo reciente de esta dinámica se observó al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, cuya administración impulsó medidas que intensificaron la conflictividad social y la versión más exacerbada de los movimientos sociales. Entre estas, destacaron dos promesas de campaña: eliminar los piquetes y terminar con los intermediarios de los planes sociales. Estas iniciativas incluyeron políticas como el denominado «Protocolo Antipiquetes»² – Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas-, implementado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich, para restringir las protestas en el espacio público. Aunque las autoridades reportaron una significativa reducción de los cortes de calles, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron un patrón de represión y criminalización de la protesta.
Este protocolo se inscribe en el marco del Derecho Penal del Enemigo, concepto desarrollado por Jakobs y Cancio (2007), que define un sistema paralelo al derecho penal tradicional. Mientras este último busca restablecer la norma vulnerada y reforzar la confianza ciudadana mediante sanciones punitivas, el Derecho Penal del Enemigo se orienta hacia la neutralización de individuos percibidos como amenazas al orden y la seguridad. En este contexto, el Estado implementa disposiciones legales específicas que no priorizan la rehabilitación, sino la contención preventiva de aquellos cuya conducta se considera un riesgo significativo para la estabilidad del sistema. Este enfoque justifica medidas restrictivas dirigidas a garantizar el mantenimiento del orden y la confianza en el marco institucional.
Además, surgieron controversias como el llamado «Escándalo de los Alimentos,» donde se vio denunciado que el Ministerio de Capital Humano con un almacenamiento de toneladas de alimentos. Estas acusaciones llevaron a la intervención judicial, que ordenó la distribución inmediata de los alimentos y exigió mantener las prestaciones alimentarias. Simultáneamente, el mismo ministerio presentó denuncias contra organizaciones sociales, acusándolas de operar en comedores que no eran tales, emitir facturas apócrifas y realizar presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales. Estas acciones resultaron en el procesamiento de figuras prominentes como Belliboni, líder del Polo Obrero, y Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y exfuncionario del gobierno de presidente mandado cumplido Alberto Fernández.
En síntesis, el proceso de criminalización de la protesta en Argentina ilustra cómo las acciones estatales y privadas, junto con las narrativas mediáticas, contribuyen a deslegitimar y judicializar las movilizaciones sociales. Este fenómeno pone en tensión el ejercicio de derechos fundamentales, como la protesta, y resalta las dificultades inherentes a la lucha por la justicia social en contextos de conflictividad y desigualdad estructural.

Conclusión en clave comparada

La interacción entre movimientos sociales, seguridad ciudadana y el marco legislativo revela dinámicas complejas que varían significativamente según el contexto político, social e histórico de cada país. En Argentina, los movimientos sociales han sido actores fundamentales en la resignificación del espacio público y la construcción de una seguridad ciudadana centrada en los derechos humanos. Sin embargo, esta relación no está exenta de tensiones, como lo demuestran políticas que restringen la protesta social. Estas dinámicas no son exclusivas del país y pueden compararse con ejemplos internacionales como la Ley Mordaza en España y la Ley Patriótica de Estados Unidos.
En España, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, aprobada en 2015, impuso restricciones severas al derecho de protesta, penalizando actos como las manifestaciones no autorizadas y limitando el uso del espacio público. Esta ley respondió a un contexto de creciente movilización social tras la crisis económica de 2008 y movimientos como el 15M. Aunque su objetivo declarado fue garantizar el orden público, las críticas de organizaciones de derechos humanos señalaron un patrón de criminalización de la protesta que restringía libertades fundamentales. De manera similar, en Argentina, medidas como el Protocolo Antipiquetes también han sido interpretadas como intentos de controlar las movilizaciones sociales, priorizando el orden sobre las demandas ciudadanas legítimas.
Por otro lado, la Ley Patriótica de Estados Unidos, promulgada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, amplió significativamente las facultades del gobierno en materia de vigilancia y control, con el argumento de combatir el terrorismo. Este marco legislativo facilitó la intervención estatal en la vida privada, generando un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles. Aunque esta legislación no se centra exclusivamente en la protesta social, comparte con las leyes argentinas y españolas un enfoque que prioriza la seguridad del Estado frente a la protección de derechos ciudadanos.
En todos estos casos, las legislaciones reflejan una tensión recurrente entre la necesidad de garantizar el orden público y el respeto por los derechos fundamentales. Mientras que en Argentina la criminalización de la protesta se vincula con conflictos sociales relacionados con la pobreza y la desigualdad, en España y Estados Unidos la narrativa predominante justifica las restricciones en nombre de la estabilidad económica o la seguridad nacional. No obstante, en los tres contextos, los movimientos sociales han encontrado formas de resistencia, utilizando el espacio público y la acción colectiva para visibilizar sus demandas y cuestionar las políticas restrictivas.
La experiencia comparada evidencia que las leyes diseñadas para controlar la protesta social tienden a reforzar dinámicas de exclusión y tensiones entre el Estado y los ciudadanos. A pesar de estas restricciones, los movimientos sociales han demostrado su capacidad para adaptarse y persistir, desafiando estructuras de poder y defendiendo una ciudadanía más inclusiva. Este análisis subraya la importancia de garantizar un equilibrio entre seguridad y derechos humanos, reconociendo el papel esencial de los movimientos sociales en la construcción de sociedades democráticas y equitativas.

Referencias Bibliográficas

• D´Alessandro, M. (1998). Los movimientos sociales en la transición democrática. El caso de las Madres de Plaza de Mayo: sentimiento y discurso. América Latina hoy, 20 (15).
• Dubet, F. (2003). Mutaciones cruzadas: La ciudadanía y la escuela, in Jorge Benedicto; María Luz Morán (orgs.), Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de la ciudadanía entre los jóvenes. Madrid: Injuve, 219-234.
• Della Porta, D. y Diani, M. (2006). Social Movements: An Introduction. Oxford: Blackwell.
• Hartlyn, J. y Valenzuela, A. (1997). La democracia en América Latina desde 1930. En Leslie Bethel (ed.), Historia de América Latina. Pp. 11-66.
• Jakobs, G., y Cancio Meliá, M. (2007). Derecho penal del enemigo. Buenos Aires: Editorial Hammurabi.
• McAdam, D. (1999). The Biographical Impact of Activism, in How Social Movements Matter, M. Giugni, D. McAdam, & C. Tilly, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 119-148.
• Martí, S. (2004). Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad? América Latina Hoy, Nº36, pp. 79-100.
• Marshall, M. (1998). Ciudadanía y clase social, in T. H. Marshall; Tom Bottomore (1998), Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza, 15-82.
• Mosse, D. (2010) ‘A relational approach to durable poverty, inequality and power’, Journal of Development Studies, 46(7): 1156-1178.
• Legrain, M. (2004). La crisis argentina de diciembre de 2001: Debilidad institucional y falta de legitimidad del estado. España: Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
• Litza, M. (2020). La protesta social en Argentina y la aplicación de políticas de seguridad ciudadana. Represión y contención. Relación con el contexto económico, político y social (1997-2010). Tesis doctoral. Buenos Aires: Universidad Pontificia Católica Argentina.
• Olson, M. (1992). La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos (R. Calvet Pérez, Trad.). México: Noriega. (Trabajo original publicado en 1965).
• Pis Diez, N. (2019). La marea verde/violeta, lo popular y el contexto: una reconstrucción y algunos elementos sobre el movimiento feminista en Argentina; Universidade Federal de Juiz de Fora. Faculdade de Serviço Social. Programa de Pós Graduação em Serviço Social 19 (2); 342-361.
• Revilla Blanco, M. (2010). América Latina y los movimientos sociales: el presente de la rebelión del coro. Revista Nueva Sociedad No 227, Caracas.
• Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política. Madrid: Alianza.

Notas

1. La Teoría de la Acción Colectiva (TAC), desarrollada por el economista estadounidense Mancur Olson en 1965 y que ha sido ampliamente estudiada en el programa de doctorado que curso, proporciona un marco analítico para comprender las dificultades que enfrentan las organizaciones, tanto públicas como privadas, al intentar alcanzar objetivos comunes. En particular, esta teoría examina los desafíos que surgen cuando los beneficios derivados de la consecución de un objetivo se distribuyen entre un gran número de personas, lo que puede generar problemas de coordinación y compromiso. La acción colectiva se define como cualquier actividad en la que la cooperación y la coordinación entre individuos tienen el potencial de alcanzar un objetivo compartido. En su sentido más amplio, la acción colectiva puede dar lugar a la provisión de bienes públicos, aquellos que benefician a toda la comunidad y no pueden ser excluidos a ningún individuo, como es el caso de la defensa común. En este contexto, las sociedades suelen identificar ciertos bienes públicos esenciales y agrupar recursos para su provisión (Olsen, 1992). Los movimientos sociales constituyen un subconjunto específico dentro del marco de la acción colectiva. Aunque todos los movimientos sociales dependen de la acción colectiva, no toda acción colectiva puede ser clasificada como un movimiento social. Los movimientos sociales se caracterizan por su coordinación y orientación hacia objetivos concretos, pero su rasgo distintivo es que operan en gran medida fuera de las instituciones establecidas, adoptando estrategias y actividades de carácter extra-institucional para impulsar cambios sociales y políticos. ↩︎
2. Las directrices para la intervención de las fuerzas federales en cortes, piquetes y bloqueos pueden ser resumidas de la siguiente manera: a) Intervención conforme a la normativa vigente
   Las cuatro fuerzas federales estarán facultadas para intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, ya sean parciales o totales, siguiendo lo establecido en los códigos procesales aplicables. b) Despeje de vías principales. En caso de interrupción de una vía principal, las fuerzas procederán a liberar dicha vía, independientemente de la existencia de rutas alternativas para el tránsito o la circulación. c) Uso de la fuerza graduada La actuación estará orientada a garantizar la liberación del espacio de circulación. Para ello, se empleará la fuerza necesaria, graduándola según el nivel de resistencia encontrado. d) Identificación y sanción de infractores Se identificarán a los participantes responsables, vehículos implicados y posibles agresores. En caso de detectar vehículos que no cumplan con las normativas de tránsito o cuyos conductores carezcan de la documentación requerida, estos serán incautados. Además, se registrarán todas las infracciones administrativas y/o penales cometidos. Ver Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Recuperado de: http://www.minseg.gob.ar/pdf/protocolofinal.pdf ↩︎