Seguridad y tecnologías
La inseguridad ha sido considerada uno de los principales problemas públicos en nuestro país en las últimas décadas, lo cual derivó en su afianzamiento como eje de la agenda política y mediática. En concordancia con la materialización del discurso preventivo en torno a las políticas de seguridad, los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales han comenzado a implementar sistemas de videovigilancia del espacio público en sus respectivas jurisdicciones. En este contexto, la idea es revisar, de manera muy breve, algunos discursos vinculados a la instalación de seguridad para el monitoreo urbano, con la finalidad de prevenir los variados eventos delictuales, y así desentrañar cuáles son las concepciones de seguridad que se gestionan.
Es por ello que, en este presente trabajo, se intentará plantear algunas observaciones sobre el accionar de las fuerzas policiales con respecto a la aplicación de estas tecnologías en el desarrollo de políticas de prevención delictual, desde una perspectiva no netamente tecnológica, sino de utilidad policial. Para poder cumplir con este objetivo, trataré de describir, a grandes rasgos, cómo se dio la aplicación de este dispositivo internamente en las instituciones policiales desde el enfoque situacional del delito y la utilidad de este sistema en la toma de decisión de la gestión.
Prevención situacional del delito
La prevención situacional del delito es un enfoque relativamente nuevo, basado en las llamadas Teorías del Crimen. Estas teorías, a diferencia de las Teorías de la Criminalidad, no centran su interés en las razones por las que una persona se convierte en delincuente (de hecho, sostienen que, en la mayoría de los casos, los delincuentes no son tan diferentes del resto de la población) y en cómo reeducarlos, sino en las circunstancias en que se delinque y en reducir las oportunidades de delito (a través de las cámaras de videovigilancia).
Estas teorías se basan en que el delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espacio o en el tiempo, sino que existen lugares y períodos específicos en que el delito es más prevalente (por ejemplo, en barrios con un alto poder adquisitivo). Esto supone la importancia del contexto y los factores ambientales, los cuales varían (a diferencia de la disposición criminal del individuo, que se asume constante: un pibe chorro, un delincuente común).
Al malhechor se lo considera un ser relativamente racional que toma decisiones sobre su comportamiento, basadas en una investigación de los daños y beneficios del acto delictivo a cometer. La estrategia defendida consiste en modificar el balance en este análisis (por medio de un aumento de los daños y/o de una reducción de los beneficios), para así disminuir las oportunidades y/o atractivo del delito. Es decir, el costo y beneficio que se analiza a la hora de delinquir no serán lo mismo al cometerlo en una zona ampliamente monitoreada que en un sector con cero monitorizaciones.
Las cámaras de videovigilancia, entonces, serán las técnicas de aunar esfuerzos, con el fin de que la comisión de un delito no sea más fácil de cometer y se convierta en algo más costoso (o, por lo menos, que aparente serlo, ya que lo importante es la percepción que tenga el delincuente potencial). Estos medios de entorpecimiento del objetivo se pretenden dar ubicando cámaras de control en los accesos y salidas de las ciudades, para desviar al trasgresor y/o para el control de los facilitadores del delito.
La videovigilancia y el espacio público
En las sociedades securitarias, el delito se presenta en el marco de una serie de acontecimientos probables, y las reacciones del poder frente a ese fenómeno implican un cálculo de costos. Frente a la administración de los riesgos que se encuentra en manos del poder, los mecanismos de prevención implican una forzosa pérdida de libertad (Foucault, 2004).
El control de los espacios públicos se relaciona fuertemente con la gestión de esta relación entre seguridad y libertad. Al mismo tiempo que el Estado despliega sus mecanismos de protección de los ciudadanos, la sociedad toda es sometida a una mirada vigilante en forma permanente mediante su brazo coercitivo y legítimo: la institución policial (Saín, 2002).
En este marco, los circuitos cerrados de televisión y los sistemas de monitoreo, históricamente inherentes al ámbito privado, han evidenciado un desplazamiento a nivel mundial hacia el espacio público como parte de políticas de prevención del delito. Nuestro país no ha quedado al margen de esta última tendencia. El mismo rol se le atribuye, de hecho, desde todos los Gobiernos: cámaras como método de prevención, alerta temprana para evitar el delito. Sin embargo, más allá de su efectividad en la disminución del crimen, el recurso político de estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión, orientadas a atender la cuestión del delito (Kessler, 2009).
Es por ello que cada vez son más los municipios (y, en general, cualquier administración pública) los que optan por realizar una inversión en la instalación de cámaras de seguridad en lugares públicos. Lo hacen con el objetivo de poder vigilar y controlar, desde los centros de control de las policías locales de otros cuerpos, el tráfico, tanto en las vías principales de las ciudades como en aquellas zonas como parques, instalaciones, monumentos, edificios públicos, mobiliarios urbanos, que en demasiadas ocasiones son objeto de vandalismo callejero.
Pero no solo el trafico y el vandalismo son las causas principales que llevan a las administraciones a la instalación de estos sistemas, sino también a la prevención de actos delictivos y, en su caso, la utilización para la resolución de los que se cometan, ya que la precisión y calidad de las imágenes que facilitan los actuales sistemas de videovigilancia son cada vez de mayor calidad (lo que permite una identificación precisa de todo lo captado).
Cuerpo policial y cámara de seguridad de videovigilancia
Ahora bien, a todo esto debemos sumarle que los cuerpos policiales de sistemas de videovigilancia están regulados mediante normativas, sistematizadas a la hora de ser utilizadas por las Fuerzas y por cuerpos de seguridad en lugares públicos, abiertos y cerrados, y de su posterior tratamiento. El fin de ello es asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como también prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. El uso de las cámaras de seguridad por parte de las instituciones policiales tampoco supone un cheque en blanco para una utilización libre de todo aquello que se capte a través de este sistema. Por ello deben respetarse los siguientes principios:
La utilización de videocámaras deberá estar presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima. Esta idoneidad determina que solo se podrá emplear la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Su intervención mínima exigirá la ponderación en cada caso en particular, entre la finalidad pretendida y la posible afectación de la videocámara al derecho, honor, propia imagen e intimidad de las personas.
Hoy día parece imposible concebir un plan de seguridad de una localidad donde no se contemple la instalación de sistemas de videovigilancia en los puntos críticos. Se consideran críticos aquellos puntos donde la seguridad ciudadana en general pueda verse más comprometida, lo que supone una mejor utilización de los recursos humanos y una mayor eficacia policial (Bergman y Kessler, 2012).
Conclusión
En esta brevísima revisión bibliográfica en donde se tuvo presente la bibliografía otorgada en la cursada, con la sumatoria de otros autores alternativos, se puede concluir que las instituciones policiales se han ido perfeccionando con el correr del tiempo, a la par de las nuevas tecnologías y de la mutación de los diferentes delitos que van ocurriendo en la sociedad. De igual modo, se puede admitir que, en los tiempos pasados, cuando dichas fuerzas no contaban con estos dispositivos, sus actividades se tornaban mucho más dificultosas a la hora de intentar combatir la criminalidad y la delincuencia.
Asimismo, cabe agregar que, en estos nuevos tiempos y con estos dispositivos ya al alcance de los grupos de seguridad, se visibiliza un gran esfuerzo por garantizar la seguridad pública y ciudadana. Es por ello que todo indica que la fuerza policial se encuentra enfocada en el proteger y vigilar lo delictual, utilizando como vehículo de acción sus diferentes cámaras ubicadas en los distintos puntos estratégicos de cada localidad, a fin de que el servicio prestado sea mayormente eficiente y eficaz.
No obstante, hay que decir también que estos dispositivos implican algunas desventajas, como problemas de privacidad, complejidad y alto costo de las instalaciones. Además, de este modo, no se puede detener el robo in situ, sino que es una medida de aviso y registro. Y, como última desventaja, cabe destacar que, al ser un sistema electrónico, en el peor de los casos, las cámaras están expuestas a ser hackeadas.
Para finalizar, debo decir que los defensores de la prevención situacional sostienen que, a menudo, la libertad individual y la seguridad del público en general se ve afectada al intentar preservar la libertad individual de los malhechores, lo que también tiene implicaciones morales. Aunque a todos nos gustaría vivir en una sociedad en la que no hiciera falta cerrar nuestros hogares con llave, la realidad es muy diferente, y hay decisiones que tomar en las ocasiones que se indiquen probabilidades de convertirnos en víctimas y las limitaciones que las medidas de prevención puedan acarrear. Es así como, a la hora de diseñar un modelo de prevención en seguridad, nuestra premisa deber ser la humanidad por sobre la materialidad.
Si volvemos a mi pregunta inicial de cuáles son las concepciones de seguridad que se disputan, la respuesta se limitará a que se busca proteger lo privado antes que lo público.
Bibliografía
- · Bergman, M.; Kessler, G. (2012). “Vulnerabilidad del delito y sentimiento de inseguridad en Buenos Aires: determinantes y consecuencias”. Desarrollo económico, 48 (189-190).
- · Foucault, M. (2004) “Nacimiento de la biopolítica” (Curso en el Collage de France 1978-1979, France, Buenos Aires).
- · Kessler, G. (2009) El sentimiento de inseguridad. Paidós, Buenos Aires.
- · Saín, M. (2002). Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica.