Por los licenciados Daniel Mallea y Adrián Ortigoza
1- Se propone el análisis de un sector de políticas públicas, en que participen varios organismos estatales, en un período determinado y se logre captar la capacidad estatal en la misma. A partir de dicho análisis, se elaborará una propuesta de mejora del diseño institucional
Para dar respuesta a este punto, nos basaremos centralmente en una de las clases virtuales en las que se habló del federalismo argentino. Este dinámico proceso estatal presenta entre otras, una particularidad, y me estoy refiriendo de manera más específica a la dualidad de ese federalismo. Para entender con más detalle es necesario exponer que éste concepto encarna esa relación en la que predomina la tensión y el conflicto entre el Estado Central (o Federal) y las provincias y que –además- puede ocurrir un debilitamiento (en algunos casos) de los vínculos de consenso y colaboración. Debemos entender que ambas jurisdicciones o terrenos de poder son soberanos e iguales, en consecuencia se distinguen y distribuyen los poderes que cada uno debe realizar.
En este contexto descripto nos queremos referir a una institución –que trataremos de centrar y fundamentar- denominada CONSEJO FEDERAL, tomando como ejemplo concreto de estudio para una muy sucinta descripción en éste trabajo final al CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN (CFE).
Primero, en muy pocos renglones, propondremos adentrarnos conceptualmente en ésta institución. Entonces, el CFE es un espacio articulador entre competencias federales y provinciales en la que se ha de planificar, coordinar, asesorar y acordar respecto de la política educativa en los distintos niveles y jurisdicciones.
Ahora ¿Por qué elegir esta institución para explicar grosso modo la capacidad estatal manifiesta? Pues porque es un ámbito común propicio para la reflexión y dinamización de las políticas relativas al Estado y la Administración Pública no solo central sino de las provincias. Respecto del CFE, podemos asumir conforme lo expresa su misma reglamentación, como un organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional. En materia de organización el CFE estará presidido por el Ministro de Educación e integrado por las autoridades responsables de la conducción educativa de cada jurisdicción y tres representantes del Consejo de Universidades. El CFE quedó constituido por: a) La Asamblea Federal, el órgano superior del Consejo. Está presidida por el ministro del área del Poder Ejecutivo Nacional, e integrada por los ministros o responsables del área educativa de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres representantes del Consejo de Universidades. En sus deliberaciones participarán con voz y sin voto dos representantes por cada una de las Comisiones de Educación del Congreso, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. b) El Comité Ejecutivo que ejerce sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal. Está presidido por el ministro del área del Poder Ejecutivo Nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal cada dos años. Puede convocarse un Comité Ejecutivo ampliado, integrado por las autoridades educativas jurisdiccionales que se requieran. c) La Secretaría General encargada de conducir y coordinar las actividades, trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el Comité Ejecutivo. Su titular ejerce asimismo las funciones de Coordinador Federal de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia y de la implementación, durante su vigencia, del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Programa de Compensación Salarial Docente, conforme a la Ley Nº 26.075. Es designado cada dos años por la Asamblea Federal.
Segundo, ahondemos en las reflexiones que los autores propuestos en el seminario hacen sobre las capacidades estatales y luego iremos en dirección a repensar como ambos puntos de interés convergen. Propongo sostener (primero) la visión de Guillermo Alonso (2007) que permitirá dilucidar capacidades estatales tomando dos dimensiones muy específicas que tiene que ver, por un lado, con las capacidades técnico-administrativas pero también una segunda dimensión basado en el aspecto relacional que se remite a la relación del estado con el entorno socioeconómico y político. Desde la primera perspectiva, el análisis de capacidades priorizará una mirada desde adentro del aparato estatal, mientras que la dimensión relacional pondrá el foco en el nexo estado-sociedad. Entonces, si la educación es una cuestión de Estado, y que de manera certera es la directriz del CFE, el Estado argentino ha zanjado ese problema de considerar cual es el lugar y la forma de la administración de la educación en nuestro país porque el reconocimiento de las organizaciones educativas y las jurisdicciones administrativas ha sido un tema de mucha relevancia por mucho tiempo. Las principales perspectivas teóricas operan sobre la interpretación de los distintos sentidos, formas, dinámicas y procedimientos, de las organizaciones educativas donde la escuela aparece como centralidad de interés al interior del Estado. Las formas y dinámica que asumen las organizaciones educativas se los denomina modelos organizacionales conformándose como temas de estudio, de investigación y de gestión. En estrecha relación con este encuadre, se menciona –entonces- la problemática que genera la gestión educativa. En los temas específicos que se vincula con Política Educativa, se pueden mencionar: educación – democracia y Sistemas Educativos, gobernabilidad de los sistemas; derecho a la educación; educación y economía, entre otros que son parte de esa faz técnico-burocrática. Por otro lado, como la otra cara de la misma moneda, los detalles anteriores tienen su correlato en los sectores tradicionales, populares o las elites privilegiadas, que de alguna manera conforman los pormenores de la democratización del sistema educativo, es decir la articulación de lo estatal con lo social. Vemos, entonces, que este Estado como herramienta fundamental para la construcción de políticas para todos, en todos los ámbitos, en especial en el educativo como un camino para la construcción de una nación soberana. En este sentido los acuerdos federales a alcanzar resultan centrales para continuar en la reposición de la acción política estatal, como garante de las condiciones para que miles de adolescentes, jóvenes y adultos sean incluidos social y culturalmente, a partir del ejercicio efectivo del derecho a la educación. Esta construcción de carácter federal, materializada en un conjunto de acuerdos, debe orientarse a garantizar la puesta en marcha de compromisos, apuestas y sentidos comunes a todos los argentinos que deban transitar los modos y las formas de la educación, desde una óptica centralizada y descentralizada, según la mirada del actor en cuestión, y no solo ello, sino contextualizada en una red de relaciones en la que los intereses de los enclaves sociales más representativos.
Por su parte Lattuada y Nogueira (2011) tienen para aportar algunas consideraciones partiendo de la posibilidad de pensar las capacidades estatales en términos de un escenario donde hay jugadores en un contexto de reglas de juegos, vale decir, consolidar las capacidades estatales en función de tener en claro que el Estado no solo es un aparato sino que también –y a la vez- un conjunto de relaciones sociales formalizadas por medio de la concepción teórica tanto institucional/administrativa como política.
Con lo expuesto precedentemente, resulta pertinente propiciar el desarrollo e institucionalización de capacidades estatales que permitan consolidar mediando el CFE equipos de gobierno educativo que puedan sostener la direccionalidad de los procesos de concertación democrática que demandan las políticas educativas, el sostenimiento de estrategias de desarrollo educativo centradas en el fortalecimiento de la escuela, la enseñanza, la formación de la docencia y de los equipos de conducción, el uso de los recursos disponibles, la evaluación y seguimiento de las políticas específicas y la igualdad en todas las acciones que se desplieguen, desde una perspectiva de integración de saberes y prácticas estatales diversas (esto como reglas de juego), pero también considerar aquellos actores presentes, tales como los Ministerios de Educación que a su vez han conformado equipos de trabajo para el diseño de un espacio institucional que se orienta a la formación de funcionarios, la elaboración de estudios e investigaciones, y la realización de actividades de extensión en diferentes formatos para las distintas comunidades educativas del país, es decir con una visión federal y participativa, que convoque, valorice y fortalezca las capacidades de las áreas educativas de la Nación y las veinticuatro jurisdicciones. Allí las capacidades administrativas y políticas según Littuada y Nogueira (2011).
Finalmente, y de manera muy sucinta, al solo efecto de evitar una mayor extensión en el presente punto, proponemos pensar éste mismo análisis según Fernández y Vigil (2012) que abonan (al igual de Littuada y Nogueira) una concepción de las capacidades estatales pensadas partiendo de la idea de un estado capaz, esto es eficiente, eficaz y sostenible, pero en definitiva para estos autores señalan que la posibilidad del Estado de actuar exitosamente, está condicionada a sus capacidades. La noción de capacidad estatal se vincula con la fortaleza de sus instituciones y por las redes de articulación desarrolladas por el Estado con los actores económicosociales. Es un concepto que combina y articulada dos componentes analíticos, que los autores distinguen en capacidades internas e infraestructurales. Un ejemplo concreto de esto que este espacio institucional adaptará el formato de un Centro de Políticas Educativas Federales (CePEF) que dependerá del Consejo Federal de Educación en vinculación estrecha con las jurisdicciones educativas con un esquema funcional y presupuestario específico que el Ministerio de Educación de la Nación ha incorporado al proyecto de presupuesto 2021, entre las actividades centrales, “Implementación del Centro de Formación de Especialistas en Políticas Educativas” como elemento de organización interna y a su vez con la posibilidad de extensión con la articulación interactoral.
A la hora de sumar una propuesta para que el CFE aborde una problemática creciente e infravalorada, se trata de la violencia en contextos escolares, para ellos la disposición de una Red Federal para la Prevención y tratamiento de la Violencias en contextos escolares, a través de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, para desarrollar junto a los Ministerios de Educación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se trata de una propuesta que aborda estrategias que contribuyan a mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes del país, en un contexto menos violento, asumiendo que a consecuencia de ello (y esto a modo de justificación) la resolución violenta de conflictos en ámbitos escolares es un fenómeno bastante extendido en los diversos espacios de interacción social en los países de América Latina. Esto incluye a las instituciones educativas de manera generalizada y afecta a estudiantes de todas las clases y grupos sociales. El solo hecho de que la escuela o centro escolar se constituya en un espacio de violencias para los estudiantes vulnera su derecho a vivir y crecer en contextos de paz, a aprender y a expresarse libremente. Además, a partir del análisis de las medicines en uso, se ha visto que espacios violentos en la escuela se asocian con logros de aprendizaje menos efectivos. Es decir, cuando los estudiantes se sienten más seguros y protegidos obtienen mejores puntajes las mismas evaluaciones que el propio Estado propone para conocer el nivel del proceso de enseñanza y aprendizajes en las escuelas. Aunque los conflictos interpersonales y su negociación sean parte normal del desarrollo entre los estudiantes, el rol que asuma la escuela en los procesos de socialización es fundamental. Y es que en esta etapa del desarrollo se requiere un ambiente escolar propicio para el diálogo y la reflexión así como la mediación de adultos que vayan guiando los comportamientos que son aceptables y aquellos que no responden a la forma aceptada de resolver las diferencias y los conflictos. Se espera que el CFE pueda cumplir con ese mandato de formación y resguardo de esos principios, lo y de los planes provinciales que se elaboren a partir del mismo.
- A continuación se enuncia una afirmación, la cual será desarrollada a continuación: «La problemática relación entre política y burocracia pública es uno de los desafíos más distintivos de los estados contemporáneos. Esa conflictiva interacción refleja las tensiones existentes entre valores democráticos y republicanos. El imperativo de asegurar la dirección política del aparato administrativo con el fin de garantizar la correspondencia entre resultados electorales y políticas públicas, en aplicación del principio democrático de gobierno, suele colisionar con el imperativo de establecer una esfera estable de neutralidad, autonomía y competencia técnica, sustentada en el mérito”.
Partamos desde un punto claro en el que podamos comenzar a desandar por las sendas de la teoría propia del seminario “Problemas de Políticas Públicas”, partamos pensando en las reflexiones de Sotelo Maciel (2013), que asumen que en Latinoamérica ha cobrado un mayor protagonismo la burocracia estatal, eso pone en evidencia una diferencia sustancial respecto de otrora, cuando la retirada o el achicamiento estatal estaba de moda. Entonces, es lógico notar como los impulsos planificadores se enfrentan a distintos desafíos, en éste caso política y burocracia pública. Blutman y Cao (2012) concurren en la misma línea, aunque manifiestan fehacientemente que los encantos que caracterizan las directrices neoliberales más tarde que temprano, necesitarían de una estructura estatal que sostenga la mano del mercado1. Lo que pretendo introducir con estas apreciaciones es abordar la idea de estar (ahora mismo) habitando un espacio distinto a los vividos en las décadas de los 70 y 90. Hay un progreso estatal, una contundente estatidad en detrimento de aquel reduccionismo (literal) del Estado argentino de aquellos años.
Bien, habiendo hecho esta primera aproximación analítica, y sin ánimos de abandonar la consigna de éste punto, asumiremos que la problemática relación que admite la política y la burocracia pública (con el retorno del Estado) no es novedosa y nos invita a pensar en aquella racionalidad característica de la burocracia, me refiero a la creciente singularidad de las reglas y las prácticas legales, racionales y jurídicas, que son rasgos distintivos del aparato burocrático moderno. Éste aparato posee una jerarquía administrativa, un staff profesional formado y en algunos casos especializado que monopolizará la aplicación racional de las reglas formales, y se apoyarán en los principio administrativos que corresponda. Así definida, la burocracia estatal, apalancada en el saber de la especialidad no hace más que acrecentarse en función al conocimiento cotidiano de la praxis, tiene, según Max Weber, un carácter permanente y conforma, en conjunción con el monopolio de la fuerza legítima, la piedra basal del Estado moderno. Con este punto de vista, desconocer que la burocracia tratará de justificar una rendición de la política a la lógica de la administración no es descabellado, Weber se mostraría preocupado por el fenómeno del despotismo burocrático, esto es, por la usurpación de las decisiones políticas por parte de los burócratas, y trazaría una diferencia que considera sustantiva entre el funcionario y el político, lo que produce una constante tensión, cosa que explica la afirmación precedente (“La problemática relación entre política y burocracia pública es uno de los desafíos más distintivos de los estados contemporáneos”). Al respecto, Bernazza y Ronis (2013), se manifiestan en este sentido y se animan a sostener como hipótesis que estamos asistiendo, a la crisis estructural de un sistema de empleo público que desestima una dimensión siempre presente: el compromiso vital con la obra de un Estado, en función del rol de la burocracia frente a los contextos políticos actuales. Es claro que estos últimos autores plantean –en términos de capacidades, que la burocracia tiene mucho que ver. La capacidad estatal puede desdoblarse sucintamente en dos dimensiones, la función administrativa ligado a lo interno, lo burocrático, lo organizacional, lo endógeno propio y la función o capacidad política como algo externo, exógeno, cambiante y dinámico, expuesto a los desastres económicos, sociales o ambientales, cartas políticas con los que los dirigentes deberán jugar concienzudamente como estrategias de gobierno; y ambas deben estar alineadas para que lo político y lo burocrático confluyan en la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de la funcionalidad estatal.
Por eso, no muy alejado de estas ideas, Olsen (2005) refiere que “la administración pública debe ser disciplinada, pero también debe permitir el empoderamiento de los ciudadanos y la participación social. Actores públicos y privados necesitan cooperar, persuadir, negociar y construir confianza. También necesitan amalgamar la autoridad legal, los recursos financieros, la experticia y la organización con el objeto de mejorar los resultados”, pero esta afirmación es sostenida por Olsen como una crítica con carácter correctiva de la política y del gobierno, por eso Bernazza y Roni (2013) ven como posibilidad (y vía de escape para tensiones entre burocracia y política) un sistema de planificación, evaluación y formación permanentes que abra espacios para reconocer qué roles y posiciones debe ocupar cada integrante, teniendo en cuenta el reconocimiento de todos los actores presentes.
Definitivamente necesitamos éstas dos apuestas: primero liberar tensiones y segundo, que el liderazgo político esté estratégicamente acorde a las necesidades de una construcción social (como lo es un Estado) y que redunde en un “aceitamiento” de un aparato que funcionará en pos de las demandas sociales, sin caer en la politización de la burocracia, que para ser más claro, cito a Peters y Pierre en Chaia de Bellis (2016) “por politización del servicio civil nos referimos a la sustitución de los criterios meritocráticos de selección, mantenimiento, recompensa y disciplinamiento de los miembros de la administración por criterios políticos”.
Encontrar el balance o la fórmula del equilibrio que logre la alquimia entre política y burocracia para producir los mejores resultados para el desarrollo no es nada simple, teniendo como elemento base la idea o la importancia que cobra la calidad de las instituciones y su estabilidad para el éxito y/o el fracaso de las políticas públicas. Se trata de desplazar el foco de atención de las recetas tecnocráticas hacia un estudio de los componentes clave que subyacen a la capacidad de las instituciones para desarrollar políticas públicas, frente al rol más versátil de la política misma. En este sentido, la confianza y la credibilidad institucional resultan absolutamente necesarias para una buena implementación de las políticas. De igual manera, un buen funcionamiento de los servicios públicos tiene consecuencias positivas sobre la legitimidad democrática. Por último, se abordará la necesidad de construir una administración pública deliberativa preparada para resolver problemas complejos a través del dialogo, la negociación y el pacto, fortaleciendo la participación y las habilidades relacionales de las diferentes entidades y organizaciones que conforman el sector público.
Finalmente, no es menos importante considerar los robustos aportes de la Nueva Gerencia Pública en los perímetros de esta discusión ambivalente: burocracia y política. Para Ramió (2015) en definitiva, la primera guarda una dependencia con la segunda. No hemos de ocultar que la administración burocrática, en el mejor o peor de los escenarios políticos, ha sido un componente esencial de todos los procesos modernizadores que hasta ahora se han dado manifiestamente. Sociedades modernas como la Argentina (por ejemplo), prefieren apelar a la comprensión racional de ese proceso modernizador y allí explicar su transformación desde la política a la burocracia. Además de ello, el sistema político moderno necesita arribar a la legitimación de los productos del proceso, tiene que ofrecer razones y procedimientos adecuados de generación y expresión de las decisiones.
Notemos que la Nueva Gerencia Pública (NGP) se caracteriza por metodologías de intervención basado en resultados, en la medición del desempeño, el monitoreo y la evaluación (a propósito de esto y a modo de ejemplo, el presidente Fernández en su discurso político de apertura de sesiones en el Congreso, allá por el año 2019, anunció una Agencia Federal de Evaluación); basado en la eficiencia y la reducción de costos; la reducción del tamaño del gobierno; la privatización, la tercerización y la descentralización de servicios provistos por el Estado y otras funciones gubernamentales consideradas no esenciales y lo más palpable es el énfasis en el empoderamiento de los usuarios e interesados y en la gerencia participativa en los espacios estatales. En éste devenir burocrático la tecnología es un elemento de suma preponderancia entre tantos atributos que guarda la NGP, pero (siempre hay un pero) coincido con la visión de Ramió Matas (2015) que supone una desavenencia entre los actores políticos y la burocracia por la complejidad misma de la burocracia, textualmente “los políticos, los funcionarios y los estudiosos de la Administración Pública son conscientes que conducen un artefacto tan complicado que o bien lo mantienen parado por temor a no saberlo liderar o bien lo conducen de forma lenta, con las luces cortas y obsesionados en observar solo al retrovisor”. Una división analítica útil aquí que puede ser estratégica para salvar la grieta entre la política y la burocracia es la que separa los trabajos que se concentran sobre los roles políticos y burocráticos respectivamente, y por otro lado los que lo hacen sobre los procesos de conducción, control y evaluación. Los mandos ejecutivos deberían resolver la ambigüedad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las políticas para con la burocracia, para direccionar a sus funcionarios y que realicen una laboro determinada; las funciones de formulación de políticas y las de operaciones, deberían asignarse a organizaciones diferentes, con organizaciones operativas encabezadas por funcionarios que sean eficientes gestionando, mientras que los sistemas administrativos centralizados, deberían trasladar el flujo de obligaciones y responsabilidad hacia abajo verticalmente. Si la NGP se interesa (desde de una óptica política) no tanto en la eficiencia de los medios sino más bien en sus fines y resultados (porque éste ha sido por año la dinámica burocrática), a los cuales se les asigna la responsabilidad de los problemas con afectación directa en la “crisis” de la Administración Pública, cosa que promueve la problemática relación entre política y burocracia pública.
- Se propone el análisis de la siguiente expresión. «Los diarios se sustentan en un sistema del siglo pasado: la economía de oferta; y la era digital trae una economía de demanda. Estamos en un momento en el que la intermediación, que es lo que caracteriza a la democracia representativa, está desapareciendo. Y los periodistas, que somos intermediarios entre lo que pasa y los que demandan información, estamos viendo cómo son los demás, los no periodistas, los que cuentan lo que les pasa sin ningún tipo de intermediario. Y como no sabemos qué hacer, le echamos la culpa al soporte, a ese viejo papel de periódico que servía para envolver plátanos en la frutería”. (Juan Luis Cebrián, citado en Llinares 2010:52)
Bueno, la expresión precedente nos remite a tantos análisis, casi de manera simultánea. Lo primero que puedo añadir es proveer palabras claves para repensarla: TICs, participación ciudadana, globalización, capitalismo contemporáneo, gobernanza, Estado y sociedad. Pero ordenemos un poco más la reflexión:
Los gobernantes, cual capitanes de grandes embarcaciones que necesitan y deben gobernar, tiene que atravesar olas con características diferenciadas propias de este siglo, animadas por vientos provenientes de latitudes inesperados, por la misma rapidez con la que aparecen en escena. Me refiero a la inmediatez que acarrean las nuevas tecnologías, la proximidad de los acontecimientos –aunque físicamente estén a miles de kilómetros- y las demandas por un consumo que subsume los niveles de razonabilidad.
Primero, queremos traer a estas líneas el término globalización. El uso lingüístico de esa expresión lleva a la mente el globo (terráqueo) y claro que no es casual, sino que es una expresión que atañe a los aspectos socio-económico y matemático. En el globo, lo esférico, no existe un arriba y un abajo, un derecho o un izquierdo, sino que hay una aparente aceptación de igualdad, justicia, derechos y desconocimiento de fronteras: la unidad. Hay una nula equidistancia matemática que en la globalización es palpable. Y he aquí, en el medio, la política y los Estados.
La globalización tanto económica como política, social y cultural ha permitido que afloren elementos de crítica a la democracia. Frente a esto debemos revisar el rol del Estado y del gobierno. Para Rhodes y Kooiman en Canto Saenz (2010) el gobierno ha perdido el monopolio de la función de gobernar. El Estado tendrá que revisar la definición de frontera, entonces. Pero ¿por qué afirmo esto? Juan Luis Cebrián (periodista español) se llama a la reflexión en un contexto de interés del rol periodístico, que según entiende, ha variado sustancialmente, pero aprovechando esto, en éste mismo punto nos valemos de estas apreciaciones para replantearnos el rol del Estado frente a un mundo complejo, tecnológico y dinámico (en el sentido más ajustado de ésta última palabra). Con esto debemos preguntarnos ¿y qué con la gobernanza, entonces? Tanto Peters (2007) como Canto Saenz (2010) afirman que éste término es polisémico, porque debe ser ajustado según el contexto en el que se lo defina, pero no cabe duda que en los tiempos que corren debe ser nuevamente reseñado. Gobernanza, según Peters (2007), será entendida como una meta que direcciona la actividad, que requiere instrumentos para identificar lo que la sociedad desea que se haga y, luego, examinar los medios para alcanzar las metas colectivas.
Para echar un poco de luz, la gobernanza tiene razón de ser, según Graña (2005), cuando los actores o grupos de interés se hallan alineados de manera horizontal en la toma de decisiones, vale decir, comienzan a correr con preponderancia en las áreas decisivas o de gestión de poder, en cambio, la verticalidad del poder estatal –como ocurrió durante muchos años- investía de poder decisional a todos sus funcionarios, desde arriba hacia abajo y hoy parece ser tendencia la horizontalidad. Y es que con mucha razón, Graña no duda en afirmar que la gobernanza democrática en un contexto globalizado es, quizás, más difícil de sostener e, incluso, de conceptualizar.
Sigamos repensando lo manifestado por el periodista José Luis Cebrian, haciendo base en la teoría propuesta por éste seminario. Hay una mirada centrada en la concepción más liberal de la gobernanza, que concurre a la idea del debilitamiento del poder gubernamental correspondiente en pos del fortalecimiento del poder social o viceversa. Pero también hay una acepción que enfatiza un Estado mínimo, instado a renunciar al paternalismo redistributivo, a privatizar servicios, a colaborar en pie de igualdad con privados, a asegurar el libre juego del mercado, pero se cuestiona la falacia de una globalización supuestamente reductora de los Estados, se denuncia el carácter tramposo de una “gobernanza” a la vez analítica y normativa, se afirma que la gestión del interés general sólo puede ser realizada por una institución estatal centralizada y no por el mercado. En fin, entrecruzar economías, Estado y globalización nos remite a releer los alcances de la definición de gobernanza, tal como se advierte previamente. Chaia de Bellis (2016) da cuenta que hay una categoría a tener en cuenta a partir de la cual sería posible observar al Estado como un sub-producto de la competencia por el liderazgo político. Otra vez aparecen las capacidades estatales y las tensiones que abordamos en los puntos 1 y 2 del presente trabajo, por lo que no iremos en esas líneas de análisis.
Para concluir, y como añadidura a las reflexiones del periodista español, la situación global ha llevado a la acuciante necesidad de replantear la forma de cómo se toman las decisiones económicas, sociales y ambientales (éste último muy en boga) que afectan a toda la humanidad y divisar el rol qué rol tiene el Estado tiene frente a este panorama. No caben dudas que el multilateralismo ha resurgido con fuerza y los países en desarrollo reclaman una mayor presencia en el debate internacional. Todo parece indicar que estamos asistiendo a la gestación de una nueva forma de gobernanza, quizás global (o por lo menos regional) y al diseño de nuevos mecanismos de cooperación con los países en desarrollo. La gobernanza regional o global de estos tiempos tiene por objeto velar por la provisión de los bienes públicos globales, por ejemplo (tema actual) como la mitigación y adaptación al cambio climático o sanitario y por el cumplimiento de las metas sociales y ambientales que las Naciones Unidas han planteado en el transcurso de las últimas décadas.
1 Desde una mirada “neoinstitucionalista”.